Tras una reunión de la comisión de seguimiento

Jorge Rodríguez dijo que amnistías rechazadas pueden ser apeladas en tribunales

Jorge Rodríguez
18 de marzo, 2026 - 12:59 pm
Agencias

El presidente de la Asamblea Rodríguez explicó que, aunque algunas solicitudes han sido negadas, los afectados «tienen derecho a apelar» y a insistir ante la comisión encargada de evaluar los expedientes

 

 

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró este martes que las personas a quienes se les ha negado el beneficio de la Ley de Amnistía pueden apelar ante los tribunales o presentar nuevos escritos para que sus casos sean revisados.

La declaración se produjo tras una reunión de la comisión de seguimiento de la norma con el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, en Caracas.

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Rodríguez explicó que, aunque algunas solicitudes han sido negadas, los afectados «tienen derecho a apelar» y a insistir ante la comisión encargada de evaluar los expedientes.

El diputado recordó que la ley aprobada en febrero abarca casos vinculados a 13 eventos políticos específicos ocurridos en distintos años desde 1999, lo que deja fuera una parte importante de las solicitudes recibidas.

Más de 2.000 peticiones «no encajan»

Según indicó, más de 2.000 peticiones no encajan dentro de esos supuestos, aunque afirmó que todas continúan bajo revisión.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 7.500 personas han recibido el beneficio en este proceso.

Rodríguez también señaló que ciudadanos en el extranjero han solicitado acogerse a la amnistía e hizo un llamado a quienes estén interesados a consignar sus casos en los próximos días para su evaluación.

«Este es el momento para que se comuniquen, por vía escrita o por vía de sus abogados, ante la comisión de seguimiento para que se puedan procesar sus casos», expresó.

Múltiples denuncias por rechazos a solicitudes

Se suman denuncias de organizaciones como Provea, que reportó la negativa del beneficio a seis sindicalistas condenados por conspiración y asociación para delinquir. A los trabajadores los detuvieron en 2022 y excarcelados en 2023, en medio de negociaciones políticas.

También se han registrado rechazos a solicitudes de periodistas y otros actores, lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance real de la ley.

 

 

 

 

 

 

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