El procedimiento está dirigido por el Juzgado de Instrucción

Detenidos el dueño y el CEO de Plus Ultra en una operación por presunto blanqueo de capitales

Plus
11 de diciembre, 2025 - 2:25 pm
Agencias

El juzgado estuvo previamente a cargo de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros que Plus Ultra recibió en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

 

 

La Policía Nacional de España detuvo este jueves al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo de la compañía, Roberto Roselli, en una operación por presunto blanqueo de capitales.

The Objective confirmó que los arrestos ocurrieron a primera hora de la mañana, cuando los agentes se desplazaron para ejecutar las órdenes en el contexto de unas diligencias que permanecen bajo secreto judicial.

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Fuentes de la investigación explicaron a la agencia de noticias Efe que la policía registró la sede de Plus Ultra este jueves. El procedimiento está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que mantiene el caso bajo secreto.

El controversial rescate de 53 millones de euros en 2021

El juzgado estuvo previamente a cargo de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros que Plus Ultra recibió en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Esa causa fue archivada posteriormente con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid.

La magistrada instructora concluyó entonces que no había indicios suficientes para imputar delitos como malversación, prevaricación, tráfico de influencias o concesión fraudulenta de subvenciones, como habían sostenido las querellas de PP, Vox y la asociación Manos Limpias.

Las diligencias archivadas investigaban la actuación del expresidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lara, y de otros miembros del consejo de administración en la aprobación del rescate público, autorizado mediante un real decreto el 9 de marzo de 2021.

El registro de este jueves coincide con otra operación que implica a un expresidente de la SEPI en una presunta trama de corrupción que sacudió al gobierno socialista y que ya llevó a prisión a un exministro.

 

 

 

 

 

 

 

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