La decisión judicial puso término a los operativos iniciados bajo las órdenes directas de Donald Trump, en el contexto de sus enfrentamientos con ciudades y estados gobernados por demócratas. En el caso de Washington D.C., incluyó el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional
La retirada de la Guardia Nacional desplegada en Washington D.C. fue dispuesta este jueves luego de que la jueza del Tribunal de Distrito, Jia Cobb, demandó el fin de las operaciones y calificó el despliegue como injustificado en el marco legal vigente.
La decisión judicial puso término a los operativos iniciados bajo las órdenes directas de Donald Trump, en el contexto de sus enfrentamientos con ciudades y estados gobernados por demócratas. En el caso de Washington D.C., incluyó el despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional.
Según Cobb, las acciones exceden lo establecido en la normativa y no existe un peligro real o legal que justifique la presencia de las tropas. La jueza subrayó que no pueden mantenerse bajo motivos «indeterminados o discrecionales».
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En un memorando de 61 páginas, la autoridad judicial advirtió que continuar este tipo de despliegues «borraría el papel del Congreso en el gobierno del Distrito y su Guardia Nacional».
El envío de las fuerzas se produjo después de que Trump declarara una situación de emergencia por violencia en el distrito capital, lo que generó tensiones entre el Gobierno federal y la administración local.
Por su parte, el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, interpuso una demanda con el propósito de impedir que la Casa Blanca movilizara tropas sin la autorización de la alcaldía. La acción legal buscó frenar lo que consideró un uso indebido de la Guardia Nacional en la capital estadounidense.
En su presentación, argumentó que las fuerzas federales están actuando como policía militar, lo que genera una interferencia directa en las funciones de los cuerpos civiles y altera la autoridad de las instituciones locales. Según el fiscal, esta práctica representa una vulneración de la autonomía del Distrito.
Cobb respaldó parcialmente estas denuncias y ordenó el fin del despliegue militar. Sin embargo, su sentencia quedó suspendida por un plazo de 21 días, con el objetivo de otorgar a la Administración Trump la posibilidad de presentar una apelación formal.
Luego de que la Policía Metropolitana de Washington se opuso a colaborar con las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Trump amenazó con el despliegue de la Guardia Nacional.
Para justificarlo, difundió la narrativa de que la capital estadounidense hacía frente a un inédito incremento de la criminalidad, tesis que fue cuestionada por las autoridades demócratas. Añadió que declararía emergencia nacional y la federalización de funciones de seguridad en la ciudad, en un guion que reiteró acciones similares contra otras ciudades, como Chicago o Baltimore, cuyas autoridades son demócratas.
La embestida de Trump contra Washington incluyó la criminalización de las personas sin hogar y a los inmigrantes en situación irregular, a quienes reiteradamente culpó de los supuestos índices de criminalidad.
En ese momento, medios locales y analistas señalaron que esta acción sentaría un precedente peligroso al normalizar la militarización de las calles.
Las cifras oficiales indican que la violencia en Washington D.C. ha descendido notablemente en los últimos años. A guisa de ejemplo, los robos de vehículos cayeron un 50 % en 2024 y continúan en baja este año. Sin embargo, más de la mitad de los arrestados son jóvenes, un punto que ha generado diferencias entre la Administración Trump y las autoridades locales sobre el tratamiento penal.
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