La ONG, JEP advierte que la falta de información sobre la ubicación, condiciones de detención o estado de salud de los políticos presos constituye una «grave violación de los derechos humanos» y genera un «riesgo extremo sobre su integridad», además de un profundo sufrimiento para sus familiares
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha documentado la existencia de 1.067 personas privadas de libertad por «motivos políticos» en Venezuela hasta la fecha, una cifra que evidencia el «uso sistemático de la detención arbitraria como herramienta de represión estatal» y de silenciamiento del disenso.
El informe de JEP detalla la amplitud de la represión, señalando que del total de casos verificados:
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163 son mujeres y 904 son hombres, lo que refleja el impacto en diversos sectores sociales.
La ONG subraya que la detención arbitraria se utiliza para reprimir y criminalizar a quienes ejercen derechos fundamentales como la libertad de expresión, la participación política, la defensa de los derechos humanos y la actividad sindical.
La desaparición forzada: 172 casos de paradero desconocido
Un punto de «especial preocupación» en el balance es la existencia de 172 casos de personas detenidas cuyo paradero actual se desconoce.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón advierte que la falta de información sobre la ubicación, condiciones de detención o estado de salud de estas personas constituye una «grave violación de los derechos humanos» y genera un «riesgo extremo sobre su integridad», además de un profundo sufrimiento para sus familiares.
Advertencia sobre cifras reales
Justicia, Encuentro y Perdón aclara que las 1.067 detenciones corresponden únicamente a los casos que han logrado verificar de manera independiente y rigurosa.
La organización sostiene que existen indicios fundados para considerar que el número real de personas detenidas por motivos políticos podría ser aún mayor. Por ello, JEP mantiene un proceso permanente de documentación, contraste y verificación de nuevos casos, en un contexto de «incremento sostenido de la persecución política» y del uso del aparato judicial y de seguridad del Estado para fines represivos.
La ONG reafirma su compromiso de documentar, denunciar y acompañar cada caso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.
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