«Desde hace 277 días, más de nueve meses, vivimos y sufrimos la desaparición forzada por la detención arbitraria de la que fue víctima mi esposo Rafael el 7 de enero de 2025. No hemos recibido fe de vida ni acceso a comunicación alguna con él y se nos ha impedido absolutamente entregarle medicinas y artículos de higiene personal», dijo la hija de Edmundo González Urrutia, Mariana González

La hija de Edmundo González Urrutia, Mariana González, pidió en una carta pública a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) apoyo para poder constatar la situación de su esposo, Rafael Tudares, detenido desde el pasado 7 de enero, con quien asegura que no ha tenido «comunicación alguna» en ese tiempo.

«Desde hace 277 días, más de nueve meses, vivimos y sufrimos la desaparición forzada por la detención arbitraria de la que fue víctima mi esposo Rafael el 7 de enero de 2025. No hemos recibido fe de vida ni acceso a comunicación alguna con él y se nos ha impedido absolutamente entregarle medicinas y artículos de higiene personal», dijo en la misiva publicada este sábado 11 de octubre.

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Además, prosiguió, aún desconoce «su suerte y paradero real», lo que, advirtió, ha quebrantado la vida de la familia y «ha puesto en riesgo su vida, salud e integridad física».

González López pide a la Iglesia «acompañamiento pastoral» a la «familia y, de ser posible, una visita o gestión pastoral ante las autoridades que permita constatar la situación de Rafael», así como un pronunciamiento de la CEV «en favor de los derechos a la vida, integridad física y debido proceso de Rafael, exhortando a que se informe su paradero y condición, y a que cese toda forma de incomunicación».

Respeto a las normas humanitarias

En la carta, que publicó en X, solicita también «gestiones para que se reciba y administre su tratamiento médico y se le permita acceder a los artículos básicos», además de un llamado a que «se garantice su defensa y se respeten las normas nacionales e internacionales humanitarias relativas a la protección de las personas privadas de libertad».

«Mi lucha por Rafael no es política ni partidista. Ni Rafael ni yo incidimos o participamos en la política venezolana. Todos mis esfuerzos durante estos nueve meses han sido esencialmente humanitarios. Pido y ruego lo que toda familia pide: saber dónde está, cómo está y que se le garanticen sus derechos como persona, esposo y padre, los derechos mínimos que derivan de la dignidad humana», expresó.

Asimismo, celebró el reciente pronunciamiento de la CEV en el que la conferencia dijo que la canonización, el próximo 19 de octubre, del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanos, representa «una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas».

El pasado 23 de junio, Mariana González informó que un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo por los presuntos delitos de «forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento».

Ese mes reiteró que su esposo no tiene «nada que ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad», en alusión a la crisis que se desató en el país tras la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora ante la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto en los comicios de julio de 2024.