El gobierno australiano había excluido a YouTube de su ley que restringía el acceso de menores de 16 años a redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram, esto por considerar su uso escolar, pero esto cambió
El gobierno australiano anunció este miércoles que extenderá sus históricas leyes sobre redes sociales para incluir a YouTube, prohibiendo así el acceso a menores de 16 años a la popular plataforma de videos.
La decisión, que entrará en vigor el 10 de diciembre de 2025, busca proteger a los niños de los «algoritmos depredadores» y los efectos negativos de las plataformas digitales.
Inicialmente, Australia había aprobado el año pasado una ley que restringía el acceso de menores de 16 años a redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram, pero había excluido a YouTube debido a su uso escolar.
Sin embargo, un informe del organismo regulador australiano de internet en junio reveló que el 37% de los niños entre 10 y 15 años había visto contenido dañino en YouTube, una cifra superior a otras redes sociales, lo que llevó al Ejecutivo a revocar la exención.
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La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, enfatizó la necesidad de esta medida: «Hay un lugar para las redes sociales, pero no hay lugar para los algoritmos depredadores dirigidos a los niños. Queremos que los niños sepan quiénes son antes de que las plataformas asuman quiénes son».
Gobierno australiano desafía a YouTube: «Es hora de decir basta»
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, respaldo estas declaraciones, afirmando que «las redes sociales tienen una responsabilidad social y no hay duda de que los niños australianos se ven afectados negativamente por las plataformas, por lo que es hora de decir basta».
La decisión ha sido calificada como un «giro impactante» por un portavoz de YouTube. La empresa emitió un comunicado defendiendo su postura: «Nuestra posición continúa clara: YouTube es una plataforma para compartir videos con una biblioteca de contenido gratuito de alta calidad, cada vez más usado en pantallas de televisión. No es una red social».
La compañía indicó que considerará «los próximos pasos y continuaría colaborando con el gobierno» australiano.
La normativa establece que la responsabilidad de denegar el acceso a los menores recae directamente sobre las empresas de las plataformas. El incumplimiento de la ley podría acarrear multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos (alrededor de 28 millones de euros).
El gobierno australiano ha señalado que los ensayos sobre la viabilidad tecnológica de la ley han arrojado resultados positivos.
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