El expresidente de Ecuador acusó que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner forma parte de una persecución a lideres progresistas en America Latina impulsada por Estados Unidos
Rafael Correa, expresidente de Ecuador, declaró este lunes que la condena ratificada la semana pasada por la justicia argentina en contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, solo forma parte de la persecución contra los líderes progresistas de América Latina impulsada por Estados Unidos.
«Esto es algo sistemático, la aplicación del ‘lawfare’, la guerra jurídica contra líderes progresistas (…) de América Latina, esta fue una estrategia que se racionalizó a nivel militar para neutralizar a dirigentes políticos, religiosos, sociales de Medio Oriente y se les ocurrió la buena idea de que con eso podían lograr en América Latina lo que no lograban en las urnas», declaró Correa en una entrevista con RT.
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Correa recordó que esto mismo ocurrió con Fernando Lugo, expresidente de Paraguay; Manuel Zelaya, expresidente de Honduras; Evo Morales, expresidente de Bolivia; Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil; Fernández de Kirchner y con él mismo en Ecuador, ya que a todos los atacaron con causas judiciales sin sustento.
«Eso no es casualidad, es como las dictaduras de los años 70 (…) era una coordinación que se llamaba Plan Cóndor, hoy estamos ante un Plan Cóndor número 2, donde ya no desaparecen a la gente o vienen las botas militares no porque no quieran, sino porque no pueden, es demasiado evidente y utilizan métodos más sutiles como tratar de matar la reputación de líderes progresistas», decretó.
También explicó que el intervencionismo de Estados Unidos es fundamental en esta estrategia de persecución.
«Esto no puede darse sin una coordinación, y para que haya coordinación en América Latina está permitido o directamente impulsado por EE.UU., que nadie se engañe», señaló.
Además añadió que para que el lawfare sea efectivo, se requieren de dos factores, uno de ellos el poder mediático, que afecta la reputación de los políticos progresistas con «canalladas» y genera consenso social sobre su culpabilidad aun sin pruebas, el otro es el poder judicial, que aseguró que tiene escritas las sentencias de antemano.
Condena contra Fernández de Kirchner
La Suprema Corte de Justicia validó el pasado martes una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue encontrada culpable de cargos de corrupción, por lo que esta semana un juez deberá decidir si se le otorga la prisión domiciliaria que ellas misma ha solicitado.
La expresidenta anunció que el miércoles acudirá a los tribunales a escuchar el fallo sobre su reclusión, por lo que sus seguidores convocaron una marcha en apoyo de que se prevé multitudinaria y que, según el portal TN, la justicia pretende desactivar dictando su resolución un día antes.
La defensa de Fernández alega que cumple tres requisitos para acceder a esa modalidad de prisión: tiene más de 70 años, su domicilio es custodiado las 24 horas por ser exmandataria y ya sufrió un intento de homicidio.
La marcha para acompañar a la expresidenta fue convocada el jueves de la semana pasada por sectores sociales, gremiales y militantes, en un intento en el que participaron autoridades del Partido Judicialista.
Proceso judicial polémico
En diciembre de 2022, Fernández fue condenada tras un juicio que duró tres años y medio, el cual estuvo lleno de escándalos y denuncias de parcialidad, el proceso empezó en 2016, tras una auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno del conservador Mauricio Macri.
En el proceso se investigó 51 contratos de obras públicas obtenidos por el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, el tribunal encontró a Fernández culpable de administración fraudulenta en perjuicio del erario público por liderar un entramado irregular que benefició a Báez, quien era amigo de la familia Kirchner.
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