La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, reiteró al NIC de las oficinas que ocupaba en el servicio de inteligencia exterior, la CIA, y ha devuelto al organismo a las dependencias nacionales, según recoge el diario estadounidense «The Hill»
La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, despidió a dos altos funcionarios del Consejo Nacional de Inteligencia (NIC, por sus siglas en inglés), depurando a los dirigentes en una actuación que la oficina enmarcó como un esfuerzo para hacer frente a la «instrumentalización y politización» de la inteligencia estadounidense.
Gabbard despidió al director en funciones del Consejo, Mike Collins, y a su adjunta, Maria Langan-Riekhof, que integraban hasta ahora una parte de la agencia encargada de tareas como la coordinación con responsables políticos.
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Estas acciones representan la más reciente purga liderada por Gabbard, quien ha declarado estar combatiendo la politización de la comunidad de inteligencia, aunque ha marginado a funcionarios que, a su juicio, no respaldan la agenda política de Trump.
Además, la directora de Inteligencia Nacional ha retirado al NIC de las oficinas que ocupaba en el servicio de inteligencia exterior, la CIA, y ha devuelto al organismo a las dependencias nacionales, según recoge el diario estadounidense «The Hill».
«El director está trabajando junto al presidente Trump para poner fin a la militarización y politización de la Comunidad de Inteligencia», afirmó el portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, consultado por The Washington Post sobre los despidos.
A principios del mayo, The New York Times difundió un memorándum que reafirmaba la posición de las agencias de inteligencia de EE. UU., según la cual Nicolás Maduro «no dirige» las actividades del Tren de Aragua, tal como lo ha afirmado el líder republicano, Donald Trump.
El documento fue desclasificado el pasado 5 de mayo y en él se indica que las agencias de espionaje no consideran que Maduro tenga control sobre el grupo criminal.
Dicho informe contradice uno de los argumentos clave de Trump para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros con el fin de deportar a venezolanos.
«Aunque el entorno permisivo de Venezuela permite operar al Tren de Aragua, es probable que el Gobierno de Maduro no tenga una política de cooperación con el TDA y no esté dirigiendo el movimiento y las operaciones de la banda en Estados Unidos», dice el memorando.
Tras la publicación del artículo, el Departamento de Justicia abrió una investigación penal y calificó el reportaje de «engañoso y perjudicial». Un mes después, tras una cobertura parecida de parte de The Washington Post, el Gobierno de Trump redobló la ofensiva, citando las revelaciones de ambos medios como base para levantar las restricciones internas e investigar a quienes filtran información.
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional hizo público el documento, un memorando denominado «sentido de la comunidad».
Hasta ahora, no queda claro qué papel directo tuvieron Collins o Langan-Riekhof, si es que tuvieron alguno, en la redacción del informe, elaborado -según se indica- por el Oficial Nacional de Inteligencia para el Hemisferio Occidental.
¿En que se basa el memorando?
De acuerdo con el texto, el Consejo Nacional de Inteligencia sustenta su evaluación en «las acciones de las fuerzas del orden venezolanas que demuestran que el Gobierno (de Maduro) trata al TDA como una amenaza; una mezcla incómoda de cooperación y confrontación en lugar de directivas verticales [que] caracterizan los vínculos del Gobierno con otros grupos armados; y la composición descentralizada de Tren de Aragua que haría que tal relación fuera logísticamente desafiante».
Aunque el informe contradice la afirmación de que el Gobierno venezolano apoya a la banda criminal, también recoge que los analistas del FBI están de acuerdo en que «algunos funcionarios» del Estado venezolano facilitan la migración de los miembros de la pandilla a los Estados Unidos.
«Utilizan a los miembros como representantes… para avanzar en lo que ven como el objetivo del Gobierno de Maduro de desestabilizar gobiernos y socavar la seguridad pública en estos países», añade.
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