«El decreto no es un plan de acción. De modo que ante la crisis que Venezuela vive, tan grave, uno esperaría acciones más específicas», remató el economista Leonardo Vera
El pasado jueves, 10 de abril, la Asamblea Nacional (AN) -en sesión especial- aprobó el Decreto de Emergencia Económica, firmado el martes 08 de abril por el presidente Nicolás Maduro.
Se declara la emergencia económica en Venezuela y se otorgan facultades a Maduro para ordenar «medidas urgentes y de carácter extraordinario» durante los próximos 60 días.
Valga precisar que se puede prorrogar por 60 días adicionales.
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El documento fue presentado por el también presidente del PSUV, en un acto público en Caracas; allí habló de los sectores económicos de Venezuela. También esbozó cómo una posible desaceleración de la economía mundial, las sanciones y las políticas arancelarias de Estados Unidos pueden afectar al país.
«No es verdad que el mundo se ha aprovechado de Estados Unidos, que el mundo ha saqueado a ese país y que, entonces, Estados Unidos tiene que poner y poner aranceles y condiciones al mundo entero», criticó.
Hasta ahora, es poco lo que se sabe, porque no se ha anunciado todavía ninguna medida concreta. Lo que ha circulado en prensa nacional e internacional, son más que todo análisis de corte jurídico, y algunos asomos hacia lo económico.
Banca y Negocios conversó -en exclusiva- con dos expertos para despejar qué podría traer bajo la manga este decreto.
El doctor Leonardo Vera es economista de la Universidad Central de Venezuela (1987), Master en Economía en Roosevelt University (Chicago, 1991), y Ph.D. en Economía en University of East London (Inglaterra ,1997). Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Experto en Macroeconomía y Desarrollo.
Vera nos ofrece una aproximación al instrumento legal aprobado por el parlamento.
“Pareciera, por la naturaleza de varios artículos -por ejemplo, el número dos-, y, sobre todo, de varios numerales, que este decreto está tratando de facilitar su accionar al sector privado”: Leonardo Vera (Economista).
Amplias atribuciones al Ejecutivo
Vera rompe el hielo con una advertencia: dice que el decreto le da amplias atribuciones al Ejecutivo para tomar medidas regulatorias, en los ámbitos económico, social, e incluso político.
«Pareciera, por la naturaleza de varios artículos -por ejemplo, el número dos-, y, sobre todo, de varios numerales, que este decreto está tratando de facilitar su accionar al sector privado», desnuda una primera sorpresa.
El PhD en Economía relata que el órgano legal contempla la eliminación de tributos nacionales, estatales y municipales, «que es algo que el sector privado viene pidiendo».
Cuenta que también se abre la posibilidad de suspender trámites administrativos, «y todo esto -lo dice el artículo dos- tiene el fin de proteger el aparato productivo nacional», asevera la fuente.
Asimismo -informa el entrevistado- hay en el decreto el propósito de estimular la inversión nacional y foránea. También las exportaciones no tradicionales, «y acá también se nota la intención de facilitar la vida al sector privado. Por otro lado, también está la sustitución de importaciones».
Pero se fija -indica Vera- que el Ejecutivo podría cambiar los niveles de gastos establecidos en el Presupuesto Nacional «e incluso aprobar créditos adicionales. Acá el Ejecutivo está pasando por encima de la AN».
En otro orden de ideas, se habla de actuar para tratar de salvaguardar el Tesoro. En criollo: todos los entes que recauden fondos deben reportar a Tesorería Nacional.
¿Qué esperar de este decreto?
¿Estimular la inversión extranjera? Recordemos que este decreto emerge luego de la salida de Chevron, y otras petroleras de Venezuela. Luego de la imposición de aranceles de 25% a los países que transen petróleo con Venezuela, por parte del presidente de EE. UU., Donald Trump.
Bueno, si pensamos bien el asunto, el Partido Comunista Chino está considerado como el conglomerado político más poderoso del mundo, y la China es la segunda economía más grande del planeta, después de los EE. UU. Parece que ser comunista no implica ser pobre.
– ¿Qué consecuencias podemos esperar de este decreto?
– Habría que esperar el anuncio de medidas más concretas. Este es simplemente un decreto marco, dentro del cual cabe una gran cantidad de medidas concretas.
– ¿Cuáles, por ejemplo?
– Sería posible que Venezuela apele a un incremento de los aranceles sobre productos importados, para proteger la producción nacional, por poner un ejemplo. Eso está dentro de las competencias del decreto, pero uno está especulando, porque no hemos escuchado ninguna noticia en ese sentido.
Se puede sustituir la Ley Antibloqueo para promover una Ley de Inversiones. Pero también es una especulación. Otra cosa sería suspender algunos tributos municipales, lo que afectaría la recaudación de municipios y alcaldías. Pero más allá de unos anuncios que hubo semanas atrás sobre la racionalización de los tributos municipales no se ha escuchado más nada.
Incluso, impuestos nacionales, como el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) también podrían ser eliminados, o modificados -transitoriamente-. Hay gente que incluso especula que el decreto podría servir para regular la asignación de divisas en el mercado cambiario. Yo diría que sí, eso es posible. Que se establezca a qué precio se venden las divisas para cada sector de la economía, y cuánto se les vende.
No hay seguridad para inversión extranjera
Vera habló de atraer inversiones foráneas. El punto es: ¿reúne Venezuela las condiciones de seguridad jurídica para atraer a esos inversionistas? El profesor de la UCV es brutalmente honesto: «Venezuela presenta un contexto muy complejo para las inversiones internacionales. Incluso para las inversiones nacionales. Es un país lleno de controles, con un Estado de Derecho muy vulnerable», se quita la careta el portavoz.
Vera explica que no hay seguridad jurídica, por la poca autonomía y la forma en que ha venido actuando el sistema judicial, calibra Leonardo Vera.
El experto complementa su análisis de esta manera: «Cuando el numeral 7, del artículo 2, del Decreto de Emergencia Económica, habla de estimular la inversión nacional y extranjera, es muy poco lo que se puede hacer».
Y, ¿qué se puede hacer, en todo caso? «Reducir impuestos, exoneraciones, apegarse a la idea de las Zonas Económicas Especiales (ZEE). La economía este año se va a achicar, y no hay un crecimiento de los negocios; a partir del decreto se pueden tomar algunas medidas, pero el entorno no es favorable», dice, por la libre.
Tal parece que a medida en que se produzcan medidas concretas se podrá ir ponderando la efectividad o no de este instrumento legal. «Hay que esperar las medidas», apuntó.
Pareciera -avanza- que el gobierno está adelantándose a un momento en el cual los ingresos serán mejores, «y cuando se habla de modificar el Presupuesto y emitir créditos lo que se busca es amplitud fiscal», va cerrando.
«El decreto no es un plan de acción. De modo que ante la crisis que Venezuela vive, tan grave, uno esperaría acciones más específicas», remató Vera.
«En realidad es un decreto de perfil político y no económico. Si las cosas se arreglaran con un decreto, imagina lo fácil que sería solucionarlo todo»: Benjamín Tripier (Economsta y consultor).
Tripier: elementos repetidos
Desde su bureau, ubicado en la capital argentina, Buenos Aires, Benjamín Tripier es socio ejecutivo y presidente de la firma Nueva Tecnología de Negocios, C.A. (NTN).
Tiene más de 20 años de trayectoria como consultor gerencial con amplia experiencia en proyectos, y en la conducción ejecutiva de operaciones de consultoría en grandes firmas a nivel nacional e internacional.
Para Tripier -ya se sabe que el chavismo ha emitido varios decretos similares a lo largo de los años- acá se repiten los mismos elementos. «Hablar de la Guerra Económica, de la amenaza exterior, de garantizar el desarrollo productivo, declarar la emergencia. O sea, esta debe ser al menos la vez número quince que el gobierno recurre a un instrumento como este, y quizá la oportunidad número diez que lo hace Maduro», sonríe con sorna.
Opina que no hay un elemento novedoso. ¿Por qué? «Porque en realidad es un decreto de perfil político y no económico. Si las cosas se arreglaran con un decreto, imagina lo fácil que sería solucionarlo todo», tira cable a tierra.
Recuerda que el decreto que nos ocupa tiene el «imprimatur» del Tribual Supremo de Justicia (TSJ), «pero no ha salido en Gaceta Oficial todavía». Cree que no preocupa tanto que no se hayan producido anuncios de medidas concretas: «si esto es una medida de perfil político, lo que hay que analizar es lo que está anticipando», declara el vocero.
– Se han emitido múltiples decretos como este. Pero, según la fisonomía que tiene este, ¿cómo leerlo en el contexto actual de la economía venezolana?
– Es que no es un decreto económico. Aquí no hay ningún elemento de economía. Son todos elementos políticos. Si ellos dijeran «vamos a subir o bajar la tasa de interés, vamos a regular la emisión monetaria, o cosas similares, uno diría que es económico». Pero es un instrumento meramente de carácter político.
– Pero el decreto habla de incentivar la inversión nacional y foránea, por ejemplo…
– Bueno, sigue siendo político. Porque si dice «incentivar», pero no explicas cómo lo vas a hacer, es como si no dijeras nada.
Tripier señala en cuanto a la liberación de tributos, que -también- es algo que depende de una decisión política. «Esto es volver al Certificado de No Producción Nacional, a poner a la Sundde en su propósito de operación. Es un decreto atado directamente al Poder Ejecutivo», subrayó.
El también presidente del Consejo Consultivo de la Cámara Venezolano-Argentina (@cavenarg), cierra el ángulo de su declaración, y dice que EE. UU. sancionó a Venezuela hasta en sus vínculos con China y Rusia y vaticina un futuro muy complicado para el país.
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