«Los condenados actuaron como miembros de esa estructura delictiva en la ejecución de acciones», enfatizó el fiscal general, Tarek William Saab
El fiscal general, Tarek William Saab, negó que las seis personas condenadas a 16 años de prisión, el pasado 1 de agosto, sean dirigentes sindicalistas.
«No son líderes sindicales, no pertenecen a ningún sindicato. No se encontraban realizando alguna labor ligada a una lucha social, ninguno es trabajador activo, ninguno está registrado en el Seguro Social, aparecen como desempleados»; expresó Saab en una declaración este jueves.
El fiscal Saab explicó que Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín actuaron «al margen de la ley y conspiraron contra la democracia».
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Aseguró que pertenecían a una organización «subversiva y conspirativa» llamada Unidad de Resistencia Popular (URP) y habían planificado realizar varias acciones.
«Los condenados actuaron como miembros de esa estructura delictiva en la ejecución de acciones en distintos estados como Zulia, La Guaira, Falcón y Distrito Capital, y siendo apoyados desde la República de Colombia»; aseveró.
Denunciaron «irregularidades» en sentencia de sindicalistas
El abogado, Alonso Medina Roa, considera que existió una serie de irregularidades durante la audiencia que se le realizó a los seis sindicalistas que resultaron condenados a 16 años de cárcel.
A criterio del jurista, la manera en que se recabaron las presuntas evidencias resultaron ser de «manera arbitraria», contraproducente al Derecho Procesal Penal.
«El tribunal dictó una sentencia a seis dirigentes sindicales por considerar que eran responsables de los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Los señalan de ser autores de una acción que nunca ocurrieron, donde pensaban hacer un tipo de manifestación con pancartas», relató.
Medina Roa detalló que el informe de contrainteligencia «carece de vida jurídica», porque este documento no debió haber sido tomado en cuenta en la audiencia; debido a que es un acto previo al proceso penal.
Los dirigentes y activistas Reynaldo Cortés, Alfonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, fueron arrestados en julio de 2022 en medio de protestas en distintas regiones del país en exigencia de aumentos de salarios y mejoras en las condiciones laborales en el sector público.







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