Kirchner, fue acusada junto a otras doce personas por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas en una causa sobre supuesta corrupción en la licitación de obras públicas
La vicepresidenta argentina Cristina Kirchner, enjuiciada por presunta corrupción, recibió este sábado el respaldo de manifestaciones en plazas de todo el país, con epicentro frente a su domicilio en Buenos Aires y donde hubo incidentes por el intento policial de frenar a la multitud con vallas.
La convocatoria, lanzada por redes sociales, congregó a miles que se manifestaron pacíficamente en las principales ciudades del país para rechazar el pedido de la fiscalía de 12 años de cárcel para Kirchner y su inhabilitación política.
La decisión de la alcaldía de Buenos Aires, a cargo del opositor de derecha Horacio Larreta, de cercar con vallas el domicilio de Kirchner despertó una espontánea convocatoria al lugar que fue escenario de vigilias y manifestaciones desde el lunes, cuando la fiscalía elevó su acusación.

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La policía reprimió con camiones hidrantes y gas lacrimógeno, pero los manifestantes perseveraron y consiguieron llegar hasta la puerta para ver a su lideresa que por la noche les dirigió un discurso.
«Ha habido demasiada sangre en Argentina para que sigan amenazando con tiro, bala, gas lacrimógeno, gas pimienta a los que piensan diferente», dijo Kirchner a los miles que acudieron a alentarla.
La exmandataria (2007-2015) atribuyó la situación al «odio» al peronismo y pidió a la oposición «que deje de competir entre sí a ver quién odia más y quién les pega más a los peronistas».

«Es increíble el grado de cinismo y perversión de no asumirse y hacerse cargo de lo que quieren: exterminar al peronismo», sostuvo Kirchner, para quien el juicio que la involucra es una persecución en su contra y un ataque a su espacio político.
Kirchner, una peronista de centro-izquierda de 69 años, fue acusada junto a otras doce personas por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas en una causa sobre supuesta corrupción en la licitación de obras públicas cuando ejercía la presidencia entre 2007 y 2015.







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