Según cifras del Inpec, en Colombia hay 97.342 personas privadas de la libertad, de las cuales 2.851 no son colombianas y de ellas 2.382 son venezolanos
El pasado 24 de febrero Nickol Valentina Rodríguez, de 15 años, murió en medio de un atraco en Bucaramanga. Su agresor le propinó varias heridas con arma blanca al hurtarle el celular.
En una rápida acción de la Policía y la Fiscalía fue capturado Pedro Trujillo Pérez, un ciudadano venezolano, que tenía ya una anotación por hurto, y quien afirmó en medio de la audiencia de imputación de cargos que «nunca tuvo la intención de asesinar a la joven».
Identificación básica para detenidos indocumentados
Trujillo, quien en el momento de su captura no portaba ningún documento que permitiera su plena identificación y quien aseguró que estaba indocumentado (por lo que no podía ser judicializado), fue cubierto con la figura de identificación básica que, de acuerdo al director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, se utiliza en «casos calificados como de extrema gravedad», y citó el proceso por la muerte de Nickol Valentina.
Espinosa le dijo a EL TIEMPO que, de acuerdo con las leyes, y más en casos penales, es fundamental tener la plena identificación del supuesto victimario, entre otras, para evitar injusticias. «En un Estado de derecho como Colombia, el Estado no puede fallar en el proceso de identificación de quienes están en el país», dijo el funcionario.
Ese proceso de identificación básica lo vienen realizando de forma coordinada la autoridad migratoria y la Registraduría, que expiden un documento con un número, el nombre de la persona, foto y huellas digitales, con el que se puede garantizar la plena identidad y así presentarlo ante los jueces.
Desde noviembre de 2019 hasta febrero de este año, esa herramienta se ha usado en 2.577 casos. El mayor número de ellos en la regional Andina (1.139), oriente (394), Orinoquia (350) y occidente (208).
Esta es una de las medidas que han tomado las autoridades para judicializar a los extranjeros vinculados a delitos. Hace unos años, ciudadanos de otras nacionalidades buscaban eludir la justicia presentándose como indocumentados, lo que dificultaba su judicialización; sin embargo, la implementación de la identificación con soporte biométrico ha evitado la impunidad en los delitos.
«Al igual que los colombianos, los extranjeros cuentan con una identificación, lo que permite blindar al país de los delincuentes que alegan no tener documentos en Colombia, pero a la vez protege a los extranjeros al ser señalados de un hecho punible muchas veces solo por su acento», afirmó Espinosa.
Casos en Aumento
De acuerdo con cifras de la Policía Nacional conocidas por este diario, entre 2017 y el 13 de marzo de este año, han sido capturados en el país 56.893 venezolanos, en su gran mayoría por hurto en dos modalidades: a personas (10.490) y al comercio (8.446).
Le siguen, en igual periodo, delitos como el tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (14.572), receptación (4.189), lesiones personales (3.512) y porte de armas de fuego (3.378).
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La Policía señala que el 97 por ciento de las capturas se realizaron en flagrancia (55.153) y el 3 por ciento restante por orden judicial (1.740), y con base en la estadística –entre el 10 de marzo de 2019 y el 10 de marzo de 2022– han sido capturados 823 venezolanos reincidentes (dos o más veces), involucrados en 1.923 hechos delictivos.
Además son cinco las metropolitanas de la Policía que más capturas de venezolanos registran entren 2017 y el 13 de marzo de 2022. La de Bogotá (16.795), Valle de Aburrá (7.998), Cúcuta (6.373), Barranquilla (2.903) y Bucaramanga (2.482).
Aunque el número de venezolanos detenidos se ha venido incrementando, frente a la cantidad de personas que son detenidas cada año en el país la proporción sigue siendo muy baja.
Según cifras del Inpec, en Colombia hay 97.342 personas privadas de la libertad, de las cuales 2.851 no son colombianas y de ellas 2.382 son venezolanos, que solo representan el 2,45 por ciento de la población carcelaria total
La otra duda que aparece en el análisis de las cifras es por qué, si en los últimos cinco años han sido capturados 56.893 venezolanos, hoy solo hay detenidos 2.382.
Expertos consultados señalan que las mismas cifras de la Policía establecen que el mayor delito al que están vinculados es el hurto, que permite hacer preacuerdos y que al no tener una pena tan alta habría llevado a la excarcelación o incluso, en muchos casos, las personas ni siquiera habrían sido enviadas a prisión.
Recordaron que desde marzo del año pasado está vigente una directiva de la Fiscalía General para que se pida prisión intramural solo en los casos en los que realmente la medida sea necesaria.
En la ley de seguridad ciudadana que entró en vigor en enero, sin hacer referencia a nacionalidades, se establecieron aumentos de penas a delitos como el hurto y mecanismos para mantener en prisión a los reincidentes.
El director de Migración señaló que se ha avanzado en la judicialización de los ciudadanos de Venezuela reduciendo al “máximo las expulsiones”, para que el extranjero responda por sus actividades delictivas en Colombia, «como debe ser», puntualizó.
Falta de cooperación judicial entre ambos países
Para Hugo Acero, experto en temas de seguridad, hay una muy pequeña porción de extranjeros que han llegado a Colombia con la intención de delinquir, y señaló que la falta de relaciones con el Gobierno venezolano dificulta la recolección de antecedentes, «al no haber una cooperación judicial entre Colombia y Venezuela no se puede conocer la información del involucrado desde su país de origen»
Para Acero, esa falta de cooperación judicial es una de las razones que dificultan los procesos de judicialización, por lo que cree necesario valorar hasta qué punto se puede seguir en esa dinámica de aplicación de justicia con Venezuela.
El penalista Francisco Bernate consideró que las medidas que se vienen aplicando en el país son acordes con las capacidades del Gobierno y el reto que representa enfrentar una migración tan grande como la que el país ha vivido en los últimos años.
Indicó que se debe fortaleces la aplicación de la tecnología en temas judiciales para agilizar los procesos y evitar impunidad en delitos cometidos por nacionales y extranjeros.
¿Solo extranjeros venezolanos?
Cabe destacar que aunque las estadísticas presentadas en el trabajo realizado por el diario colombiano el Tiempo son precisas y aportan un panorama sobre los venezolanos que delinquen en Colombia, el trabajo no muestra ni una sola cifra de los otros extranjeros en Colombia.
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