Bogotá — A menos de una semana de los comicios regionales y locales en Colombia, las irregularidades en el registro electoral, las copiosas denuncias de corrupción en las campañas de los candidatos y la violencia política, son tres elementos que ensombrecen las expectativas de los colombianos que asistirán a las urnas el próximo 25 de octubre. Este lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió revertir la decisión que inhabilitaba a 71.472 votantes para sufragar, pero sólo en Bogotá. La medida del CNE de devolver el derecho al voto a esas personas se debió, supuestamente, a un error. Incluso uno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, quien había modificado su lugar de residencia, recibió una notificación que lo inhabilitaba para sufragar, por presunta trashumancia electoral.
La trashumancia electoral, delito que consiste en inscribir la cédula para votar en un lugar distinto al que se reside, es la modalidad de corrupción más corriente, pese a que el castigo por ese hecho punible oscila entre 4 y 9 años de prisión. Sin embargo, el error sólo se corrigió en la capital. Se estima que alrededor de 1,6 millones de ciudadanos tienen anuladas sus cédulas para sufragar en el próximo comicio.
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