Acuerdo Santos-FARC aún deja puntos por aclarar como armas y extradición

Santos y Timochenko aún deben dar pasos firmes para concretar la paz en suelo colombiano

Foto: AFP

Colombia — El apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos, y el jefe máximo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Timochenko, otro convencido de la necesidad de dialogar, marcó un hito el miércoles en las pláticas que se desarrollan en La Habana desde noviembre de 2012.

Según expertos, el gesto mostró que se acerca el fin de combates fratricidas que han dejado unos 220 mil muertos y más de 6 millones de desplazados, así como miles de desaparecidos y secuestrados.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), señaló que «hay una fórmula para resolver las necesidades de justicia de las víctimas y de quienes buscan una reparación de las FARC y de los miembros del Estado», y destacó el cese de la violencia en el país, que en los últimos dos meses bajó a niveles no observados en 40 años.

Optimista, Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, apuntó que el modelo de justicia transicional acordado es «el 60% del acuerdo final».

«Aún no es la paz»

Santos y Timochenko se comprometieron a firmar antes del 23 de marzo de 2016 un acuerdo definitivo de paz, para lo cual falta aún consensuar el cese al fuego bilateral, la dejación de las armas y los mecanismos de implementación, verificación y refrendación del acuerdo final por parte de los colombianos.

«Aún no es la paz», subrayó Christian Voelker, analista del International Crisis Group (ICG), para quien un fin del conflicto implica concretar una negociación formal con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla de Colombia y con la que Santos inició hace más de un año diálogos exploratorios de paz, sin éxito.

¿Justicia para todos?

Las partes informaron que habían conseguido establecer un mecanismo de justicia para los crímenes cometidos en el marco del conflicto interno. Se trata de lo que han denominado «Jurisdicción Especial para la Paz».

Se concentrará en especial en los crímenes más extremos como secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, tortura, violencia sexual y reclutamiento de menores.

Su función será «obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones».

Habrá tres tipos de penas: aquellas aplicables a quienes reconozcan verdad y responsabilidad de forma temprana, aquellos que lo hagan de forma tardía y aquellos que se nieguen a hacerlo.

Los primeros accederán a penas de cinco a ocho años «de restricción de la libertad» y deberán cumplir labores de reparación y resocialización.

Los segundos pagarán entre cinco y ocho años de cárcel. Y los que estén en el último grupo serán sentenciados, si son hallados culpables, a hasta 20 años de cárcel.

«Por la noche no estarán encerrados en una cárcel», explicó Enrique Santiago, abogado español que asesora a las FARC. El tipo de actividades de reparación pueden ser «un programa de desarrollo agrícola, o de quitar minas, o de construcción de escuelas», indicó.

¿Extraditables?

El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, y el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, aclararon ayer que en el acuerdo alcanzado con la guerrilla de las FARC acerca de la creación de una «Jurisdicción Especial para la Paz», aún no se definen aspectos como la extradición.

De acuerdo con el gobierno, el futuro de este mecanismo solo se establecerá en el acuerdo final de paz, pues hasta ahora las partes sentaron las bases de un mecanismo para garantizar equilibrio y seguridad jurídica. «Estamos trabajando para que los colombianos digan sí a la refrendación. El mayor seguro es que la última palabra la digan los mismos colombianos», dijo.

Las armas

«Es claro que las FARC no le va a entregar las armas al gobierno, pero le va a entregar las armas a alguien quien debe certificar que las armas fueron destruidas», dijo Jaramillo al referirse a la dejación de las armas y la controversia que se ha creado.

Para este fin anticipó que los delegados de Naciones Unidas y Unasur cumplirán un papel fundamental en materia de verificación.

Balas vs discurso

Entre los especialistas hay desacuerdo sobre la acción política que desarrollará el grupo revolucionario una vez que dejen las armas. Por un lado, el analista Ancísar Marroquín destacó que «los guerrilleros están dispuestos a dejar las balas por discursos en el Congreso»; en respuesta, el académico Vicente Torrijos advirtió que las FARC «no asumieron ningún compromiso en términos de renunciar a la violencia como método político», por lo que «el acuerdo quedó muy cerca de la impunidad y, así las cosas, la que pierde es la democracia».