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El soldado murió tras presentar quemaduras en su cuerpo
Foto: Agencias
Maracaibo — Hoy se cumplen 11 años de la muerte del soldado Ángel Ciro Pedreáñez producto de las quemaduras que sufriera en el 50 por ciento de su cuerpo en una celda de castigo o «pote» como se conoce en el lenguaje castrense.
Los hechos comenzaron un 30 de marzo entre la 1:00 y 1:35 de la madrugada, cuando se desató un incendio en una celda de castigo del Fuerte Mara, municipio Guajira en el que resultaron quemados ocho soldados del Batallón de Ingenieros de Combate 105 Tropa Carlos Soublette.
Ángel Ciro Pedreáñez, Orlando Bustamante, de 20 años, Alcides Martínez, de 20, César Cámbar, 23, Abraham Mena, 19, Eusebio Reyes Gálvez, 19, Mauricio Pulgar, 21, y Ángel Enrique Medina, 24, estaban dentro de la celda, cumpliendo una sanción disciplinaria. Algunos habían llegado luego de la fecha prevista para su regreso.
En el amparo de la madrugada, tres soldados decidieron encender una colchoneta para «salir del pote», como llamaban a la celda de castigo. Luego apilaron el resto, por lo que el fuego se propagó y convirtió al lugar en un infierno.
Por otro lado el padre de Pedreáñez exponía que su hijo «había sido quemado desde afuera y para ello le habían rociado algún tipo de acelerante —gasolina o algo parecido—».
Causa de muerte
En ese momento uno de los directores del Hospital Coromoto, Crispín Marín, aseguró ayer que «el deceso de Ángel Ciro Pedreáñez, quien ingresó el 30 de marzo con quemaduras de segundo y tercer grado en cerca del 50% de la superficie corporal, se produjo a la 1:00 de la tarde del 4 de mayo en la sala quirúrgica de la Unidad de Quemados».
«Cuando se le practicaba la curación e injertos que le correspondían, según el plan establecido, sufrió un paro cardíaco que a pesar de las maniobras de resucitación cardiopulmonar de intensivistas, cardiólogos y cirujanos, no hubo recuperación del ritmo cardíaco normal», agregó.
Por su parte el diputado William Barrientos expresó que el diagnóstico fue enclavamiento de las amígdalas cerebelosas, es decir, que hubo un infarto cerebral; dos, congestionamiento cardíaco; tres, secresiones pulmonares; cuatro, hemorragia parietal; y cinco, hemorragia digestiva superior.
Lo que dijo la autopsia
Los resultados de la necropsia fueron presentados por la médica Milagros Piñero de Borrego y fueron los siguientes:
«Su muerte era de carácter inminente, aunque se evidencian múltiples actos médicos y técnicos que se aplican para su recuperación, esto motivado a que las quemaduras que sufriera, tanto externas como internas, eran muy avanzadas histológicamente, lo que provocó una falla multisistémica de órganos nobles —cerebro, pulmón, riñón, hígado—.
La principal causa de estas fallas multifactoriales fue la hipoxia tisular, producto de la lesión de la parénquima pulmonar, que no permitía la correcta homeostasis —intercambio gaseoso para la depuración sanguínea, oxigenación de la sangre—».
Imputados
El soldado Jesús Álvaro Barroso Montiel, de 20 años, fue acusado por el Ministerio Público, por la comisión del delito de simulación de hecho punible.
Barroso aseguró el jueves 6 de mayo de 2004 que el incendio fue provocado, al lanzarle gasolina a los soldados. Dos días después denunció que había sido presionado para emitir estas declaraciones.
También fueron imputados el anestesiólogo de nombre Marcos Gutiérrez, los cirujanos Gabriela Sánchez y Miguel Rodríguez, y el soldado Abraham Mena, perteneciente al 105 Batallón de Ingenieros de Combate Carlos Soublett. Ellos fueron las primeras personas señaladas por la Justicia de haber estado vinculadas directamente con los sucesos de Fuerte Mara, después de ocho meses de espera por el acto conclusivo de la Fiscalía.
Por mala praxis médica, fueron acusados los médicos adscritos a la Unidad de Quemados del hospital Coromoto, pues fueron los encargados de operar a Pedreáñez el pasado 4 de mayo, cuando éste sufrió un paro cardíaco. Por tal razón, se les dictó una medida cautelar sustitutiva de libertad, prohibición de salida del estado y la presentación cada quince días ante el juez primero de Control, José Domingo Martínez.
Por su parte, Mena fue imputado por ser uno de los soldados que provocó el siniestro desde adentro, como medida de protesta para poder salir de lo que en esa instancia militar se le conoce como «pote».
El 22 de mayo de 2004 el General Usón Ramírez fue hecho preso en el aeropuerto de Ciudad Guayana por la justicia militar por supuestas injurias a la Fuerza Armada Nacional. Fue juzgado y condenado a cinco años y seis meses. Salió en libertad condicional el 24 de diciembre de 2007.
Por este caso también fue destituido el comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio Maracaibo Alí Gil por haber emitido un informe técnico de lo que allí había pasado.
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