Foto: Agencias
La destrucción de la moral
pública causa bien pronto
la disolución del Estado.
(Carta al Dr. Castillo Rada, Ene. 6, 1829)
La pública y notoria inmoralidad de jueces, fiscales del Ministerio Público y funcionarios en funciones de policía judicial (CICPC, Guardia Nacional, PNB, SEBIN) han marcado el paso a «la destrucción de la moral pública», y si no imponemos los correctivos de inmediato, tendremos la consecuencia de ello, tal como lo anuncia el epígrafe citando una frase de la carta que, el Libertador, dirige al Dr. Castillo Rada: «La disolución del Estado».
Debemos comenzar señalando la connotada fragilidad de la autoridad del juez, porque estos, como magistrados encargados de impartir justicia, que para asumirla debemos recurrir a la definición teológica: «Atributo de Dios, por el cual se premia o castiga a cada uno, según sus merecimientos», están huérfanos de la majestad, esa condición que inspira admiración y respeto y que es imperiosa para que la sabiduría —el conocimiento de las leyes—, la integridad —cualidad de persona recta y honesta— y el valor —cualidad intelectual y/o moral—, prevalezcan en su hacer.
Los jueces ejercen bajo la subalterna condición de provisorios o temporales —muy pocos de ellos son titulares— y esto los convierte, de facto, en subordinados de la autoridad que los designa y/o de quien tienen el poder para «despacharlos». No tienen suplentes fijos conocidos designados de antemano por el TSJ y todos son mal pagados, no gozan de efectiva asistencia socio-económica, no se les atiende en su formación y perfeccionamiento académico y a los de Primera Instancia, en la función que eventualmente desempeñen, se les hace rotar en perjuicio del procesado.
Buena cantidad de jueces carecen del conocimiento que tiene que poseer de las leyes (así, en imperativo), quien imparte justicia, especialmente en la jurisdicción penal, donde está en juego la libertad, el don más preciado por el ser humano, después del don de la vida.
No son sabios nuestros jueces, a quienes no se les nombra por concurso, después de un atento estudio de sus capacidades del saber y virtudes morales y éticas, sino porque se les siente como subordinados políticos sometidos a la necesidad del «empleo» y a las prerrogativas que tal condición, «empleado de», suponen para su empleador, quien no duda en someter a su arbitrio cuanto atenta contra sus pretensiones e intereses.
Teniendo conciencia de su ignorancia —¡los hay tantos!—, qué necesitan de alguien que sentencie por ellos y lo buscan, con tal desparpajo, que no pocas veces el mismo abogado litigante es quien redacta la sentencia y de paso paga al juez, en nombre de su mandante, el estipendio pactado por el veredicto pronunciado.
Para desgracia de los honestos, probos y capacitados, cantidad de jueces no son íntegros o mejor dicho, lo menos que son es íntegros, pues en sus manos la justicia no es que muere, sino que ni siquiera nace: Todo cuanto hacen es un bodrio.
Son cobardes para vencer el cohecho, descarados para ejercer la extorsión y diligentes para prevaricar: De antemano están rendidos ante quien les arrebata, con una simple orden y hasta por indicación transmitida por terceros subalternos del propio juez, la majestad, la dignidad, la vergüenza y el honor.
Cuanto digo del juez, lo afirmo del fiscal del Ministerio Público a quien, dentro de sus atribuciones corresponde: 1) Garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos constitucionales…, 2) Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso, 3) Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles…, 4) Ejercer en nombre del Estado la acción penal…, 5) Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones, 6) Las demás que le atribuyan esta Constitución. (Ver Art. 285 Constitucional).
Como vemos la primerísima obligación del Ministerio Público, representado por la figura del fiscal, es salvaguardar el Imperio de la Ley: ¿Cuántos fiscales entienden y aplican esta magisterial tutoría?
Quiero me digan los nombres de los jueces y fiscales que han enjuiciado a los directores que han sido o al director en funciones del Retén Judicial, por no trasladar a los procesados para presentarlos ante el juez que los requiere para la celebración de los actos del juicio. ¿Tiene usted, amigo lector, idea de los millones que se mueven en torno a estos traslados? ¿Sabe usted cuánto paga el reo para que lo trasladen o también para que no lo trasladen si esto le conviene procesalmente? ¿Sabe usted que el culpable del crimen y se encuentra en libertad por esos vericuetos que transita la justicia, paga para que no trasladen al imputado inocente y con ello paralizar el juicio, el tiempo que necesita para enmarañar el caso?
De las policías, ni dirigidas, ni vigiladas por el fiscal del caso, todo se espera y, si lo esperado no llega, se busca para, a billetazo limpio, imponer la ley de la oferta y la demanda. De todas las policías la emblemática es el CICPC, punto de partida de la corrupción de la justicia. De la investigación policial depende a quién se acusa, por cuál delito, con qué pruebas y demás pormenores que rodean los casos criminales, pero lo que más se investiga es la cantidad de dinero que pueda pagar el criminal para escaparse o el inocente para que no lo impliquen injustamente. Son, como por años lo afirmo, un pozo de porquería. ¡Qué Dios me ampare de caer en sus manos, porque de ocurrir son muchos los males que habré de padecer! Bien enterado estoy que muchos han dicho: Montémosle un buen caso y lo sacamos del medio.
Los que aparentan encontrarse por encima del mal dirán, generalizar es injusto y les pregunto: ¿Es que acaso miento? ¿No será que para esconder la cobardía y cuidado si no, la felonía, se anticipan a tirar la primera piedra?
Quien se quiera dar de justo, ecuánime y sabio, que salga y defienda a la Juez Presidenta que fue o al Fiscal Superior que es, así como al CICPC como organización, que nunca jamás institución, pues carece de los caracteres representativos propios de una figura relevante dentro del conglomerado social.
Por último y como una reivindicación que se debe a la colectividad zuliana. El mal llamado Palacio de Justicia —muy lejos está de serlo—, inaugurado hace 16 años, tiene que adecuarse a la misión que debe cumplir: Solo funciona, a medias y muy mal, la mitad de la edificación, pues la otra mitad no está concluida; hasta tres (3) tribunales funcionan en una misma oficina, los expedientes están arrumados en el suelo, los ascensores no sirven, el comedor es más una taguara y como si fuera poco no se filman las audiencias, muchas de las cuales se declaran privadas o secretas porque no hay salas suficientes y casi todos los juicios están fuera de término, habiendo procesados cuyos casos no se han ventilado a lo largo de años o se iniciaron y se han repuesto varias veces al estado de iniciarse nuevamente. (El etcétera que sigue es muy largo y motivo de vergüenza).
¿Cuál de los magistrados del TSJ, los decanos y profesores de las Escuelas de Derecho, el presidente o los expresidentes del Colegio de Abogados del Zulia, los abogados en ejercicio, así como cualquier otra figura representativa de nuestra ciudad, se atrevería a llevar visitantes extranjeros (alemanes, holandeses, daneses, franceses, italianos, etc., para mostrarles, con orgullo patrio, el Palacio de Justicia del Zulia? ¿Acaso esto es «zulianidad»?.
Este editorial lo escribo con padecimiento moral y mucho dolor de corazón, pero prefiero ponerme, «rojo una vez a verme morado siempre».
Gastón Guisandes López
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