Saab manifestó que debe existir una guía que le indique a los policías cómo deben actuar
Foto: Agencias
El manual precisará cuáles y qué tipo de armas utilizará la FANB durante las manifestaciones.
Caracas — El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, descartó ayer una posible intervención del órgano que preside sobre la resolución Nº 8610 que establece las normas de actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en reuniones y manifestaciones, pero anunció que su despacho se encargaría de elaborar un manual que precise y regule cómo deben utilizar las armas los funcionarios del cuerpo castrense.
«Creemos pertinente que en un lapso no mayor de 30 días, o incluso ojalá pudiera ser en dos o tres semanas como máximo, podamos tener un manual de normas y procedimientos operativos de orden público, para que se precise y se regule cómo debe ser el uso de las armas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana», manifestó Saab.
Cabe destacar que la solicitud emitida por la Defensoría del Pueblo destaca la necesidad de precisar cuáles y que tipo de armas deben utilizar los funcionarios, y cómo deben ser manejadas, «en el momento en el que una manifestación deje de ser pacífica y ponga en peligro la vida de los manifestantes, de los funcionarios y de la ciudadanía».
Actuación
De igual forma, Saab explicó que los funcionarios de la FANB actuaran en las manifestaciones y protestas publicas sólo cuando la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) «se vea rebasada», apuntando además que las Fuerzas Armadas se remitirán a brindar apoyo a las autoridades civiles y los cuerpos policiales que hayan solicitado su intervención.
En relación con el manual, el defensor del Pueblo expresó que debe existir una guía que le indique a los policías cómo deben actuar, porque de lo contrario actuarán como ellos consideren y es eso lo que precisamente se debe evitar según Saab; quien además agregó que manifestar «no es un derecho absoluto» y requiere de un control cuando las acciones del pueblo descontento se tornan violentas.
Asimismo, Saab aseguró que la resolución además de estar «apegada a la Constitución Nacional» preserva la vida de las personas y protege los derechos humanos de ahí que se haga necesario blindarla de manera más formal. También indicó que las Naciones Unidas establece que los funcionarios pueden utilizar armas de fuego.
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