Foto: Archivo
Madrid — El partido conservador en el poder en España defendió solo ayer contra toda la oposición el procedimiento parlamentario acelerado, decidido para otorgar al rey Juan Carlos una protección jurídica especial tras su abdicación.
Privado de la inviolabilidad que lo preservó durante todo su reinado, Juan Carlos, una vez aprobado este texto, solo tendría que responder, en caso de juicio, ante el Tribunal Supremo español, en virtud de un sistema de «aforamiento» que protege también a miles de cargos electos en España.
El Partido Socialista, principal fuerza de la oposición, no está contra otorgar una protección jurídica especial a Juan Carlos, pero criticó la vía parlamentaria rápida elegida por el gubernamental PP, que los priva «de deliberaciones, de un debate sereno».
Antes de la votación prevista mañana en el pleno del Congreso de los Diputados, la comisión de Justicia de la cámara baja adoptó el texto ayer con los únicos votos del PP.
Los socialistas y los nacionalistas catalanes de CiU se abstuvieron mientras que otros pequeños partidos de oposición, desde los centristas de UPyD a los nacionalistas vascos del PNV, votaron en contra, indignados por la idea de dar un estatuto especial al abdicado Juan Carlos.
«Es un mensaje de desacato a la justicia», lanzó el comunista Gaspar Llamazares, portavoz ante la comisión del grupo Izquierda Plural, que reúne a pequeños partidos republicanos de España.
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