Pastrana entrega las primeras propuestas para modificar acuerdo con las FARC

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13 de octubre, 2016 - 8:23 pm
Agencias

El equipo del expresidente entregó propuestas puntuales en los puntos de justicia transicional, penas privativas de la libertad y reforma rural integral

Foto: Agencias

Colombia – El expresidente Andrés Pastrana le envió al presidente Juan Manuel Santos 17 páginas en las que condensa lo que sería la primera entrega de propuestas encaminadas a modificar el acuerdo final firmado con las Farc en La Habana.

Las sugerencias son concretas, sobre puntos específicos, y, en primer lugar, dibujan las líneas rojas sobre las que consideran que se deben mantener los acuerdos que se implementarán en el país, como el desmonte de las «máquinas» del narcotráfico, la protección de la propiedad privada, la seguridad jurídica de los colombianos, la justicia, la reparación con todos los dineros mal habidos y la participación política en condiciones aceptables.

La primera crítica va hacia el acto legislativo 01 de 2006, que considera polémico porque «contenía la innecesaria e inaceptable incorporación de los documentos de La Habana al bloque de institucionalidad, con lo que, sin duda alguna, se creaba una reforma constitucional en la que 5.700 guerrilleros modificaban la Constitución de 50 millones de colombianos».

Según Camilo Gómez, ex alto comisionado par a la Paz y vocero de Pastrana, la define como una «paraconstitucionalidad», por lo que piden que las reformas constitucionales que sean necesarias se realicen por la vía que ya establece la carta magna colombiana. De antemano, el grupo opositor de Pastrana descarta una asamblea nacional constituyente. (Vea el documento completo de la propuesta de Pastrana)

Peticiones y desacuerdos

Otra de las propuestas es que las Farc entreguen la totalidad de los bienes que poseen, tanto en el país como en el extranjero, para que sean utilizados en la reparación de las víctimas. «En eso coincidimos con el Fiscal General y para esto diseñaremos un mecanismo para la entrega de bienes», dijo Gómez.

También señaló la necesidad de presentar el planteamiento presupuestal para conocer de dónde saldrán los recursos para la implementación del acuerdo en el país.

Sobre las emisoras, verificación y jueces internacionales

Este grupo de opositores también expresó su desacuerdo por la entrega a las Farc de 31 emisoras de radio públicas, aunque dijo que debe existir un mecanismo de participación tal como se hizo con el M-19. «Tiene que buscarse otro mecanismo que no vulnere los derechos de los colombianos. No pueden ser 31 emisoras públicas», señaló Gómez.

Igualmente se propuso que la comisión de verificación, seguimiento e implementación del acuerdo sea integrada por una persona que no pertenezca ni al Gobierno ni a las Farc y que, en lo posible, sea de la oposición y que no se nombren jueces internacionales en la Jurisdicción Especial para la Paz sino que los jueces sean colombianos y que sean escogidos por un delegado del Consejo de Universidades Públicas, uno del Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y por tres delegados escogidos por las altas cortes.

Ante la desconfianza que se pueda generar por parte de las Farc en este asunto, se propuse la utilización de la figura del amicus curiae, que es la participación de un tercero internacional en el juicio, con voz, pero sin voto, solo en casos excepcionales. «Así no se sacrifica nuestra soberanía judicial y le damos una garantía a aquellos que dentro del proceso», explicó el vocero.

Justicia y penas para guerrilleros

Frente al tema de reclusión de guerrilleros, Gómez fue claro en que la intención no es ver a los cabecillas tras «barrotes con camisas a rayas», por lo que proponen lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma «que exige penas de reclusión con limitaciones de la movilidad bajo la supervisión del Estados, por eso hablamos de zonas rurales de transición en las cuales los condenados puedan estar». Aunque el vocero no explicó con detalle esta propuesta, la primera impresión es que es igual a las zonas de transición que están contempladas en el acuerdo final.

En el punto de justicia, también propusieron estipular un límite de dos años para los casos y que, los que lleguen después de ese tiempo, sean tratados por la justicia ordinaria. Igualmente pidieron que no se tocara la «cosa juzgada» a menos que se trate de la favorabilidad de la pena. «Que no venga una jurisdicción extraña a juzgar si el juez usó o leyó bien las pruebas. La cosa juzgada en el derecho es fundamental», comentó Gómez.

Frente a temas de drogas, se pidió la aplicación del artículo 3 numeral 10 de la convención de Viena, sobre la eliminación de la conexidad entre el narcotráfico y el delito político. «Ese acuerdo, que es parte del bloque de constitucionalidad, tendría que aplicarse so pena de que se incumpla la convención», explicó el vocero.

También se pidió que dentro de los primero seis meses de puesto en marcha el sistema de verdad y no repetición, los guerrilleros digan lo que saben sobre la actividad del narcotráfico (rutas, contactos, laboratorios, vendedores de armas, ubicación de insumos) en el marco de la lucha contra las drogas y como una obligación dentro del sistema de justicia transicional.

Reforma rural integral

En este asunto se pidió que no se cambie el modelo económico en el sector rural y que, además de reconocer la agricultura campesina, se reconozca la agricultura comercial y la agroindustria, que no se restrinja el uso de semillas a las que son solo nativas, que se explique de dónde saldrán las tres millones de hectáreas que serán entregas a campesinos y que las tierras de este fondo no sean entregadas a personas que hayan sembrado cultivos ilícitos, a menos que se comprometan, a través de un contrato, a no utilizarlas para tal fin.

El grupo de Pastrana señaló que este documento es el primero y que, pronto, entregarían un segundo que sería el complemento.

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