Olivares lamentó que a los funcionarios involucrados se les proteja al punto de no investigarlos como es requerido
Foto: Agencias
Maracaibo — Mañana el sistema judicial zuliano recibirá la inspección del Tribunal Supremo de Justicia bajo la figura del zuliano Calixto Ortega, magistrado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y Francia Cuello, magistrada de la Sala de Casación Penal, funcionamiento del poder judicial en el área penal en el Zulia.
Tanto víctimas como funcionarios honestos del sistema judicial esperan que con esta visita continúen las destituciones de jueces que comenzó el pasado martes, que han intentado dejar impunes casos emblemáticos que han despertado el interés de la colectividad zuliana.
Como el suceso de Héctor García, Néstor Luis García, Jonathan Olivares y Jorge Luis Olivares, quienes resultaron asesinados en manos de funcionarios de la OLP y que según explicó en exclusiva Elvimar Olivares, hermana de dos de los ajusticiados, tuvo que ir hasta la secretaría del despacho de la Presidencia de la República para buscar justicia.
A pesar de que el fiscal 76 se ha portado a la altura y ha logrado liberar órdenes de aprehensión, en la región fue paralizado el caso en múltiples oportunidades por los Tribunales, y «el resto de los asesinados no han corrido con la misma suerte pues ni siquiera órdenes le han generado».
Olivares lamentó que a los funcionarios involucrados se les proteja al punto de no investigarlos como es requerido.
Quizás puedan agilizar el caso del fiscal Robert Martínez de Santa Bárbara, titular de la Fiscalía Decimosexta del Ministerio Público, ubicada en Santa Bárbara, municipio Colón, que fue denunciado a través de noticia-crimen mediante la exclusiva del diario QUÉ PASA por el sargento Ernesto Bermúdez, él mismo señaló a Martínez de extorsionarlo con favores sexuales, para exonerarlo de un proceso que lo podría (a pesar de su inocencia confesa) llevar a quedar preso en el retén de San Carlos, luego de haber cumplido 11 meses tras las rejas.
Así como los numerosos juicios que no han comenzado y que mantienen detenidos a cientos de personas en otras ciudades al ser trasladados por no tener un retén en la ciudad.
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