La medida entrará en vigencia luego de 60 días cuando supere el proceso de revisión
Foto: Agencias
EE UU – El Departamento de Estado de EE UU publicó su nueva normativa para exigir a solicitantes de visado de todo el mundo datos sobre las redes sociales que han usado en los últimos años, una política que podría afectar a 14,7 millones de personas.
La fuente explicó que el Departamento de Estado que la nueva normativa entrará en vigor dentro de 60 días, una vez que haya superado el proceso de revisión en el que ciudadanos y organizaciones pueden expresar su opinión sobre la medida.
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Una vez que entre en vigor la norma, aquellos que planeen solicitar un visado para viajar a Estados Unidos deberán rellenar un cuestionario que les pide sus nombres de usuario en redes sociales en los últimos cinco años y datos personales relativos a los últimos quince años.
La medida responde a una orden emitida el 6 de marzo de 2017 por el presidente Donald Trump, en la que exigía que se endureciera el escrutinio de los solicitantes de visado en el extranjero, con el fin de bloquear la entrada a posibles terroristas y otras personas que pudieran amenazar la seguridad nacional.
En junio de 2016, una fuente oficial dijo a EFE que EE UU había comenzado a exigir los datos de redes sociales a unos 65.000 solicitantes de visados.
El cuestionario pide a los solicitantes proporcionar los nombres de usuario que han usado en todo tipo de redes sociales en los últimos cinco años, así como sus direcciones de correo electrónico y sus números de teléfono en el mismo periodo.
El cambio ha generado críticas de organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), una de las más críticas con las medidas de Trump para endurecer los controles migratorios, que consideró el plan como «ineficaz» y «profundamente problemático».
«Este plan infringe los derechos de los inmigrantes y de los ciudadanos estadounidenses al vulnerar la libertad de expresión y asociación, particularmente porque la gente ahora se preguntará si lo que dicen en online puede ser malinterpretada por un agente del gobierno», opinó Hina Shamsi, directora del proyecto de seguridad de ACLU, en un comunicado.
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