Caso Petrobras: Condenan a exsenador que vendía indulgencias a empresarios

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13 de octubre, 2016 - 8:48 pm
AFP

El dinero era maquillado como donaciones de campaña

Foto: Agencias

Brasilia – La justicia brasileña condenó el jueves a 19 años de cárcel a un exsenador de un partido de centroderecha, aliado de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, que cobraba para sacar de las listas de sospechosos a empresarios investigados en la causa Petrobras.

Jorge Argello, del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), fue declarado culpable de los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.

El juez federal Sergio Moro, que tramita las causas de acusados sin protección de fueros especiales, ordenó además el bloqueo de 7,3 millones de reales (unos 2,3 millones de dólares) del patrimonio del exlegislador.

Argello formaba parte en 2014 de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el escándalo de Petrobras. Pero usaba su posición para pedir dinero a empresarios sospechosos, a cambio de sacarlos de las listas de convocados para prestar declaración.

El dinero era maquillado como donaciones de campaña.

«El condenado (…) aprovechó el poder y la oportunidad para enriquecerse ilícitamente, dando continuidad a un ciclo delictivo. La práctica de crímenes por parte de congresistas, que son gestores de las leyes, es especialmente reprobable, y constituye una traición básica a sus deberes públicos», escribió el magistrado en su fallo.

Moro dictó en la misma causa otras duras penas -de 8 años y dos meses a 10 años y seis meses de cárcel- contra tres empresarios de constructoras, dos de ellos de UTC Engenharia y uno de OAS.

El exsenador, detenido en Curitiba (sur) desde abril, se convirtió así en el quinto político condenado por este escándalo que asedia a la élite brasileña desde la revelación de una confabulación entre empresarios y partidos para desviar fondos públicos, que le costó más de 2.000 millones de dólares a Petrobras.

Condenas y casos

El caso Petrobras golpeó con particular fuerza al PT, que gobernó Brasil desde 2003, cuando Luiz Inácio Lula da Silva llegó al poder, hasta agosto de 2016, cuando su sucesora Dilma Rousseff fue destituida, acusada de maquillar las cuentas públicas.

Lula sumó esta tarde su tercer juicio por el «Petrolao», luego de que la Justicia aceptara una denuncia en su contra por tráfico de influencias para beneficiar a la constructora Odebrecht en licitaciones en Angola entre 2011 y 2015. Sus abogados reiteraron en una nota que el exdirigente sindical es inocente y denunciaron una persecución política.

Lula ya había sido incluido la semana pasada por el Supremo Tribunal Federal (STF) en la investigación central de la red de sobornos en la petrolera.

Marcelo Odebrecht, exdirector del conglomerado que lleva su apellido y que llegó a facturar unos 40.000 millones de dólares en 2014, fue sentenciado a más de 19 años de reclusión. Según la prensa, negocia actualmente una «delación premiada» para beneficiarse de una reducción de pena a cambio de revelaciones sobre la trama de corrupción. Una perspectiva que causa escalofríos en medios políticos y empresariales.

La lista de políticos condenados a duras penas de cárcel incluye a José Dirceu, exjefe de Gabinete de la primera presidencia de Lula y figura clave del PT, que cumple una sentencia de 23 años y tres meses de prisión; y a los exdiputados Pedro Correa (del Partido Progresista, derecha), 20 años y 7 meses; André Vargas (PT), 14 años y 4 meses; y Luiz Argolo (Solidariedade), 11 años y 11 meses.

Las indagatorias que involucran a personas con fueros privilegiados (legisladores y ministros) contiene 66 nombres y fue dividida en sendos expedientes para los tres principales partidos bajo la lupa de la Justicia: PT, PP y el centroderechista PMDB, del presidente Michel Temer, que reemplazó a Rousseff. Entre los imputados figuran tanto Lula como el presidente del Senado, Renan Calheiros, del PMDB.

Al margen del escándalo Petrobras, las investigaciones por desvíos de dinero público tuvieron un nuevo capítulo el viernes en el estado de Tocantins (centro oeste), donde fueron detenidos dos exgobernadores sospechosos de fraudes en licitaciones de obras, por unos 200 millones de reales.

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