En los pasillos judiciales suena fuertemente que para hoy fueron citados funcionarios presuntamente involucrados en la entrega «controlada», pero sin registros, de los vehículos.
Maracaibo — El escándalo en los Tribunales, pica y se extienda: De los 12 vehículos, de un total de 17, decomisados por «bachaqueo» y entregados fraudulentamente a los supuestos propietarios, en medio de una operación de documentos fraudulentos, falsificación de firmas, usurpación de funciones, actuación dolosa de alguaciles, participación más dolosa aún del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y ruido ensordecedor en el Juzgado VI de Primera Instancia en Funciones de Control, a cargo de la juez suplente, abogada Íngrid Geraldine, el asunto se elevó a, según las voces de los pasillos tribunalicios, a unos 40 vehículos.
Todos los vehículos son camiones: 750, 350, tritones, volteos, etc., y si viéramos cómo los desaparecen de los estacionamientos a la usanza de los mejores magos y con la mayor desfachatez, estaríamos descubriendo nuevos actores del espectáculo circense.
Además hoy nos encontramos con que el asunto también tiene ramificaciones en el Juzgado III de Primera Instancia en Funciones de Control, a cargo de la jueza, abogada Maribel Morán, suponemos que también en condición de suplente y en cuya sede encontraron uno de los formatos usados para una entrega «controlada» por los delincuentes.
Cómo pueden entregar vehículos decomisados en procedimientos de contrabando de extracción, si la norma legal ordena que pasan a estar incautados por la autoridad y se toman como el instrumento mediante el cual se cometió el delito.
Se entiende que para ordenar la entrega, debiera haberse producido la audiencia preliminar, haber declarado el juez de control que no había méritos para el enjuiciamiento; vale decir, que no encontró elementos suficientes para pasar el caso al juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio, que el Ministerio Público no hubiese apelado la decisión, que se hubiese revisado la decisión a manera de investigación administrativa (absolutamente ilegal) salvo que cursase denuncia formalmente tramitada contra el juez de la causa y que la entrega se ajustase a todos los protocolos establecidos para que la liberación de vehículos cumpla con todas la formalidades.
El CICPC: Este cuerpo de investigación científica, recuperó 12 camiones que originalmente fueron liberados y cuya historia relatamos en nuestra edición 1.493 del día 14 de enero reciente, pero funcionarios de este cuerpo los entregaron sin ni siquiera pasar por los Tribunales donde debieron ser consignados, pues en estos casos solo el juez de la causa puede entregarlos.
Pues no, los entregaron ellos y que se conozca no hay documento, cumplimiento de los procedimientos o cualquier cosa que puede explicar esta «salvajada» procedimental. Lo peor, nada ha pasado a los responsables a quienes ni siquiera se le ha abierto un expediente de averiguación. Pareciera que hubiesen dicho: ¡Lo hicimos y… qué; donde están los guapos!
Se sabe que en el día de hoy una comisión del CICPC, —suponemos que no son los que están involucrados en la entrega de vehículos ya efectuada—, integrada por aproximadamente 15 funcionarios, trabajó ayer en el recinto del Juzgado Sexto y citó a todos los funcionarios a declarar hoy en la sede del cuerpo policial, habida cuenta que, según siguen diciendo las voces de pasillos, han encontrado indicios que involucran a funcionarios, empleados de los estacionamientos y abogados de los dueños de los camiones, que en cantidad de 40, tienen que costar una verdadera fortuna, con la cual podría comprarse cantidad de personas, a todos los niveles.
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