Por incurrir en delitos de corrupción y cobrar sumas multimillonarias de dinero para devolverle a los «bachaqueros» los camiones incautados en la guerra contra el contrabando, ayer le allanaron la casa y le iniciaron un juicio al juez Samuel José Morán de Oro, itinerante del Tribunal Primero con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos, y a sus cómplices: el asistente judicial Rowert Viloria y el exfuncionario de Tribunales Telis Galvis. Se supo que la medida alcanzará, al menos, a 20 personas más.
Designan a Juez sexta de control fiscal con sede en Caracas para el caso en el que también están detenidas otras dos personas.
Maracaibo — Las denuncias de este rotativo sobre la ilegal devolución de camiones a los «bachaqueros» en el Zulia trajo consecuencias contra de la impunidad: un juez y otras dos personas se encuentran enjuiciadas por delito de complicidad y se espera que en los próximos días sean privados de libertad.
A Samuel José Morán, juez del Tribunal Primero de Control con Competencia en Delitos Económicos y Fronterizos, le iniciaron un juicio, así como a Rówer Viloria, asistente judicial y al ciudadano Telis Galvis, relacionado en la antigüedad con labores judiciales.
Como se recordará, QUÉ PASA denunció la entrega fraudulenta de los camiones a los supuestos propietarios, en medio de una operación de documentos fraudulentos, falsificación de firmas, usurpación de funciones, actuación dolosa de alguaciles, participación más dolosa aún del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y ruido ensordecedor en el Juzgado.
La devolución se hacía mediante un formato falso que era vendido por entre 250 y 300 mil bolívares para que continuara el «bachaqueo», procedimiento mediante el cual ya habrían sido devueltos más de 100 vehículos.
Todos los vehículos era camiones: 750, 350, tritones y volteos, entre otros que servían para el contrabando del estado Zulia hacia Colombia.
Se trata de un procedimiento ilegal porque todo vehículo decomisado en procedimientos de contrabando de extracción debe pasar a estar incautados por la autoridad y se toma como el instrumento mediante el cual se cometió el delito, según lo dictamina la ley.
Para ordenar la entrega, debiera haberse producido la audiencia preliminar, haber declarado el juez de control que no había méritos para el enjuiciamiento; vale decir, que no encontró elementos suficientes para pasar el caso al juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio, que el Ministerio Público no hubiese apelado la decisión, que se hubiese revisado la decisión a manera de investigación administrativa (absolutamente ilegal) salvo que cursase denuncia formalmente tramitada contra el juez de la causa y que la entrega se ajustase a todos los protocolos establecidos para que la liberación de vehículos cumpla con todas las formalidades.
Sin embargo, nada de esto ocurrió, sino que se estableció una verdadera «maraña» de complicidad y devoluciones mediante pagos que dejan mucho que desear de las personalidades encargadas de hacer justicia.
La juez encargada del caso representante de la Fiscalía Nacional es María Peñaloza, quien además dictó medida de detención para otras 20 personas más.
Los camiones debieron pasar a la orden del tribunal de control de la causa, pero con el dinero por el medio fueron devueltos para, lo más seguro, continuar el negocio que ha desangrado al país en los últimos años: el «bachaqueo».
De las denuncias sobre la ilegal devolución de los vehículos estaba a cargo el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), pero ante la falta de resultados y el empeoramiento del problema pasó ahora al Sebin.
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Entre 250 y 300 mil bolívares cobran para devolverle un camión usado en «bachaqueo» a su supuesto dueño
Fotos: Referencial
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