José Gregorio Hernández y Carlos Vásquez, los dos abogados denunciantes que también son dirigentes del movimiento Tupacamaru, indicaron en QUÉ PASA que los funcionarios policiales señalados son el jefe de la delegación del estado Zulia del Cicpc, comisario Heberto Olano; el jefe de la subdelegación de ese cuerpo en Maracaibo, comisario Gustavo Hernández; el inspector-jefe de homicidios, Orlando Herrera y el agente Jesús Puerta. Los abogados añaden que los referidos funcionarios del Cicpc han manifestado públicamente que «seremos sembrados para justificar nuestras muertes a través de un supuesto enfrentamiento». Estas denuncias cursan ante la dirección nacional del Cicpc en Caracas y ante la Fiscal General de la República
Dos abogados han denunciado ante la Fiscalía General de la República a altos jefes del Cicpc del estado Zulia por formar «una organización criminal» y por su presunta implicación en delitos de «acoso, amedrentamiento, coacciones, intimidación, vejación y persecución con amenazas de muerte». Los hechos declarados ante el Ministerio Público han surgido, según afirman, por ejercer «nuestra profesión y defender a dos empresarios de Maracaibo a quienes pretendían extorsionar para cobrar un total de 5,2 millones de bolívares».
José Gregorio Hernández y Carlos Vásquez, los dos abogados que también son dirigentes del movimiento Tupacamaru, indicaron a QUÉ PASA que los funcionarios policiales denunciados son el jefe de la delegación del estado Zulia del Cicpc, el comisario Heberto José Olano, el jefe de la subdelegación de ese cuerpo en Maracaibo, el comisario Gustavo Hernández, el inspector-jefe de homicidios, Orlando Herrera y el agente Jesús Puerta.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público señala que ambos abogados «hemos venido trabajando en defensa de los Derechos Humanos en diferentes casos de simulación de hechos punibles, homicidios y supuestos enfrentamientos policiales acaecidos últimamente en el estado Zulia» y añaden que los derechos fundamentales de los ciudadanos «están siendo violados por estos funcionarios».
Investigación de la Fiscalía General
Además de solicitar el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, ya hay una abierta por el fiscal vigésimo quinto del estado Zulia, Manuel Núñez, y han solicitado custodia policial, ya que «consideramos que nuestras vidas corren peligro».
En este sentido, añaden que los funcionarios del Cicpc denunciados «han manifestado públicamente que seremos «sembrados» para justificar nuestras muertes a través de un supuesto enfrentamiento».
Así empezó todo
Por otro lado, tanto José Gregorio Hernández, como Carlos Vásquez, indicaron que en el ejercicio de sus funciones profesionales asistieron jurídicamente el empresario Dani Montiel Fuenmayor, ya que «esos funcionarios observaron que llevaba una pistola. Les presentó el permiso para portarla. Sin embargo, lo detuvieron y lo trasladaron a la delegación del Cicpc». Estos hechos, según narraron, ocurrieron sobre las diez de la mañana frente a un centro comercial del sector Guillermina.
Una vez en esas instalaciones, lo introdujeron en la oficina del comisario-jefe y «le exigieron 200 mil bolívares fuertes porque, en caso contrario, involucrarían su arma en un homicidio. Permaneció detenido en esa oficina durante doce horas».
Montiel Fuenmayor, afirman, accedió a las pretensiones de los funcionarios policiales. «Llamó a su casa para que prepararan el dinero. Su esposa y su padre les entregaron en su propio domicilio los 200 mil bolívares. Esta extorsión sucedió hace aproximadamente tres meses».
Como consecuencia de esa acción, los dos abogados fueron contratados y formularon la denuncia. Desde entonces, señalan, «somos perseguidos, nuestras conversaciones telefónicas han sido intervenidas. Hemos sido amedrentados, coaccionados, acosados y amenazados de muerte por los funcionarios denunciados».
Dinero o implicado en homicidio
Posteriormente, según relatan, fueron contratados por el conocido empresario de Maracaibo Carlos Negrón Serge, quien posee una conocida cadena hotelera y una fábrica de asfalto, entre otros negocios, en la ciudad.
¿Qué ocurrió en esta ocasión?
«Los mismos funcionarios le exigieron cinco millones de bolívares».
¿Cuál fue el motivo para exigirle esa importante suma de dinero?
«Hace un mes, aproximadamente, un exconvicto murió en un enfrentamiento con una comisión del Cicpc en uno de sus hoteles. Lo citaron, le exigieron los cinco millones y le dijeron que si no los entregaba lo relacionarían con el muerto, que era un exconvicto de Sabaneta».
¿Dónde le exigieron el dinero?
«El dinero se lo pidieron en el despacho del comisario-jefe del Cicpc del estado Zulia. No era la primera vez que su familia era víctima de la acción criminal de esos funcionarios policiales. A su hermano Henry ya le habían quitado 400 mil bolívares. Carlos Negrón les entregaba dinero cada vez que se lo pedían, les pagaba las habitaciones del hotel, les buscaba mujeres, les entregaba licor… Todo lo que querían se lo entregaba».
Retención sorpresiva
Como en el caso anterior, Carlos Negrón contrató a José Gregorio Hernández y a Carlos Vásquez, quienes efectuaron la nueva denuncia y siguieron siendo amenazados por el comisario-jefe de la delegación del estado Zulia del Cicpc, el comisario Heberto José Olano, el jefe de la subdelegación de ese cuerpo en Maracaibo, el comisario Gustavo Hernández, el inspector-jefe de homicidios, Orlando Herrera y el agente Jesús Puerta.
De hecho, el pasado día 21 Carlos Vásquez, mientras se trasladaba en un taxi a su domicilio «fui retenido por dos vehículos del Cicpc. En ambas camionetas viajaban alrededor de ocho agentes. Tres de ellos me acorralaron y me advirtieron que les permitiera hacer sus negocios».
Este hecho se produjo sobre las 8:30 horas de la noche, en la avenida principal de Sabaneta. Los agentes «me conminaron a que subiera a una de las camionetas, perfectamente identificadas con los logotipos del Cicpc. Les dije que no iba a subir. Que si querían hablar conmigo lo haríamos en otros términos, en términos jurídicos. En ese instante de una de las camionetas bajó el inspector Orlando Herrera y me dijo: ¿Vas a montarte o qué? Le contesté que no. Justo entonces pasó una de la Policía Regional que pasó en ese momento por ahí evitó un daño superior. Luego se retiraron del lugar».
Los abogados se trasladaron a Caracas para formular las dos denuncias. De hecho, además, se entrevistaron con el subdirector general del Cicpc, Douglas Rico, quien, «alarmado por estos hechos, ordenó abrir una investigación para esclarecer todo lo que había sucedido y determinar las responsabilidades administrativas que puedan haberse producido en ambos casos».
Mientras tanto, la fiscalía vigesimoquinta del Circuito Judicial del estado Zulia, como la Fiscalía General de la República, han abierto sendas investigaciones para determinar la responsabilidad penal de los altos funcionarios policiales señalados en ambas denuncias.
Mesa de denuncias en el MP
José Gregorio Hernández y Carlos Vásquez quieren realizar «un llamado a todos los ciudadanos que han sido víctimas de extorsiones o de cualquier otro tipo de delito por parte de funcionarios del Cicpc que denuncien, que pierdan el temor y denuncien sus casos ante el Ministerio Público».
Asimismo, explicaron que «parece que estamos volviendo a la Cuarta República, donde primero se disparaba y luego se preguntaba. Vamos a solicitar a la Fiscalía General de la República que establezca mesas de trabajo en el Ministerio Público para que los ciudadanos que han sido víctimas del Cicpc puedan formular sus denuncias».
Por otro lado, los dos abogados subrayan que «hacemos responsables de todo lo que nos pueda suceder tanto a nosotros, como a nuestras familias al «comisario-jefe de la delegación del estado Zulia del Cicpc, el comisario Heberto José Olano, al jefe de la subdelegación de ese cuerpo en Maracaibo, el comisario Gustavo Hernández, al inspector-jefe de homicidios, Orlando Herrera y al agente Jesús Puerta».
Fotos: Andrea Gómez
En los documentos se aprecia la denuncia que formularon ante la Fiscalía General de la República y advierten que la responsabilidad de cualquier «acción irregular» contra sus vidas o las de su familia recaerá sobre los funcionarios del Cicpc denunciados.
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