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Transportaban centenares de kilos alimenticios con «la finalidad perjudicar, intimidar, desestabilizar la estructura económica y social de la población»
La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia ha ordenado el ingreso en el retén El Marite de 20 presuntos «bachaqueros» que fueron sorprendidos por agentes de la Guardia Nacional Bolivariana con centenares de kilogramos de productos alimenticios de la cesta básica. Esta institución judicial revoca el fallo emitido por el Juzgado Séptimo en funciones de Control y ratifica los argumentos del Ministerio Público, que imputan a los detenidos en los delitos contrabando de extracción y asociación para delinquir.
En menos de 10 días, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones ha ordenado o mantenido privados de libertad a 32 personas por su presunta implicación en esos mismos delitos. Como ya informó QUÉ PASA, el pasado día 10, se produjo la primera decisión, que ordenaba que 12 presuntos «bachaqueros» permanecieran recluidos. Ahora, se ha producido esta segunda, que ordena la reclusión de otros veinte más.
El fallo, elaborado por la jueza Vanderlella Andrade Ballesteros, subraya que el contrabando de extracción de productos alimenticios atenta contra la seguridad nacional que «tiene como finalidad perjudicar, intimidar, desestabilizar la estructura económica y social de la población y el país».
Asimismo, añade que los autores de esos delitos «conscientemente obvian la prohibición expresa del estado, con la finalidad de comercializar de manera ilícita para así obtener un beneficio económico muy alto».
Modalidad agravada
La decisión judicial adoptada por Vanderlella Andrade también es tajante al asegurar que la asociación para delinquir es una «modalidad agravada de los delitos de acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura o cartelización, que contiene un elemento subjetivo del tipo: la ejecución del tipo debe dirigirse a desestabilizar la economía, alterar la paz o la seguridad de la Nación. En estos casos, la aplicación de la pena del delito que corresponda se aplicará en su límite máximo».
Los acusados fueron identificados como Andri Antonio Chacín, José Manuel López, Miguel Ángel Olave, Carlos Luis Polanco, Diomar Alberto Rivero Wladimir Bernardo Mújica, Maryrelis Bernal, Isleida Bernal, Ana Margarita Sijuana, Lissette del Carmen Valbuena, Yusbely Petronila González, Mildred del Valle Mata, Mari Rosalba Molero, Epieyu Magalis, Luz Marina Molero, Maydelis García, Rafael Enrique Mejía, Eurith José Andrade, Rosa Molero y Yadira Epieyú.
Capturados en «una zona de seguridad fronteriza»
Todos ellos se desplazaban a bordo de seis vehículos con centenares de kilogramos de productos alimenticios y con mercancías para el aseo personal a finales de mayo, según consta en el acta policial instruida por efectivos de la Guardia Nacional «por una zona de seguridad fronteriza con destino a la ciudad de Colombia, transportando todos estos productos pertenecientes a la cesta básica y de primera necesidad eran transportados de manera ilegal sin ningún tipo de documentación, y por una vía alterna con sentido Maracaibo-Colombia».
Asimismo, el fallo destaca que los imputados pretendían cometer «la presunta evasión del punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en Nueva Lucha, municipio Mara del estado Zulia, incurriendo de esta manera en el delito de contrabando, que está afectando gravemente la economía del país; con la finalidad de comercializar con estos productos de primera necesidad en la República de Colombia para así obtener un beneficio económico muy alto». Con la decisión emitida por la jueza Vanderlella Andrade se revoca el fallo dictado el pasado 26 de mayo por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Estatal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, que no contemplaba los delitos de asociación para delinquir ni contrabando de extracción. Ahora, sin embargo, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones ha admitido el recurso de alzada presentado por las Mariony del Valle Martínez y Nivia Margarita Rincón, en su condición de fiscales de flagrancia adscritas a la Fiscalía Superior del esta región, y sí recoge ambas conductas delictivas.
Un problema de seguridad nacional
El contrabando de combustible es un problema de seguridad nacional en Venezuela. No solo por los costos económicos que causan al país, sino por la incursión de las mafias internacionales y de los paramilitares en este negocio ilegal. Las fuentes más moderadas apuntan que anualmente salen clandestinamente del país alrededor de mil millones de litros de gasolina y gasoil por la frontera colombo-venezolana. Este lucrativo negocio reporta a los «pimpineros» —traficantes de los derivados del petróleo— ganancias de hasta un 40% por cada litro extraído.
El Zulia, junto a otros siete estados más, es la zona que utilizan esos contrabandistas para enriquecerse y fortalecer sus negocios, que están en auge pese a las medidas económicas, policiales y judiciales adoptadas para combatir este crimen. La devaluación del bolívar frente al dólar ha fortalecido la acción de las bandas criminales y de los paramilitares. Esos grupos se han asentado en la frontera con Colombia para enriquecerse ilícitamente. Desde hace casi una década, ese contrabando ha crecido de forma desorbitada. Utilizar viviendas particulares como depósitos o galpones de la gasolina es un hecho frecuente en ciudades de Mara o la Guajira. Incluso, en estados como Apure, Falcón o Amazonas o Táchira es una forma de vida habitual.
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