Hace cinco meses el Gobierno nacional otorgó una concesión a este grupo de la estación de servicio, logrando ser la primera en distribuir gasoil y gasolina a más de Bs. 300 el litro
Foto: Edwin Urdaneta
Sur del Lago-Fuentes de QUÉ PASA han asegurado que luego de la incautación de más de 300 mil artículos, ocultos en galpones propiedad del denominado Grupo Victoria, en cinco estados del occidente del país, los propietarios de estas instalaciones habrían comenzado a implorarle al Gobierno nacional la devolución de mercancía incautada este fin de semana.
Este rotativo conoció que el procedimiento aún no está formalmente en manos del Ministerio Público (MP), ni mucho menos la Fiscalía. La propia coordinadora de la Superintendencia para la Protección y Defensa de los Derechos Económicos (SUNDDE) en la región, Alexandra Salazar, refirió que aún no está autorizada para dar a conocer la decisión final o destino de las mercancías, pese a que a todas luces se convocó a la prensa nacional y regional para dar a conocer el procedimiento en contra del acaparamiento.
«Estamos esperando instrucciones desde «arriba» porque este procedimiento se moverá por otra instancia », dijo sin poder aportar, vía telefónica, mayores detalles sobre la «mega» incautación a la familia Buttaci.
Los representantes del Grupo Buttaci, desde el primer momento, salieron de la zona Sur del Lago y se estima que hayan solicitado una audiencia política a puerta cerrada para tratar de negociar, sin conocer mayores detalles o precisiones. Causa suma extrañeza, el hecho de que ninguno de los responsables de la firma comercial Dilcoviba C.A., estén tras las rejas por haber ocultado desde hacía tres años mercancía y vendida con hasta un mil por ciento de aumento. Y la misma seguía engordando sus precios. Las asociaciones de transporte consultadas por este rotativo, manifestaron fuera de micrófono que aún no han sido convocadas para ser las primeras en beneficiarse con la venta de cauchos, aceites, baterías, entre otros insumos, encontrados en galpones aledaños a la estación de servicio Victoria, en el kilómetro 5½ de la carretera Santa Bárbara- El Vigía. Los consejos comunales no han participado en la contraloría de la retención.
Incautación en otros estados
En información manejada por la prensa nacional, se habla de la retención de más mercancía en territorios de Mérida, Táchira y Barinas. La empresa según lo precisado por boletines no oficiales, la parte afectada, «está prestando toda la colaboración administrativamente para aclarar la procedencia de los insumos», según lo han dictaminado las instituciones actuantes en el decomiso, entre ellas la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), SUNDDE y Seniat.
El Gobierno lo sabía
Hace cerca de cinco meses el Gobierno nacional mediante la Gerencia de Mercado Interno de Táchira de PDVSA, otorgó una concesión a la E/S Victoria, logrando ser la primera estación en el Zulia en distribuir gasolina y gasoil a precio alternativo, es decir, a razón de más de 300 bolívares el litro.
En esa inauguración estaba presente otro de los cuentadantes del Grupo Victoria y dueño de la estación, Mariano Mantione. Fue en ese mismo lugar donde se ocultaban los cauchos importados, limpiaparabrisas, grapas, baterías, alambres, lijas, aceites, entre otros, que la fuerza militar le quitó a este grupo. No hubo supervisiones previas, ni chequeo de las fuerzas militares o policiales, sobre lo que se «cocinaba» silenciosamente. Vía telefónica la asistente de Mantione le manifestó a esta redacción. «Yo ni siquiera me he podido comunicar con él (con Mariano), lo que podremos decirte hasta ahora es lo mismo que sabe la prensa, es que se está prestando la colaboración de manera administrativa para que el Gobierno sepa cómo se compraron los materiales». Amablemente colgó el teléfono sin identificarse. Contactar a Antonino Buttaci, Mariano Mantione o Rosario Buttaci, quienes son los representantes del denominado Grupo Victoria, ha sido una cacería sin rendir frutos.
El Grupo Victoria lo representan diversos consorcios automotrices, estaciones de servicio y unidades de producción, así como empresas de venta de insumos, que están en propiedad de familias de ascendencia italiana desde hace más de 40 años cuando arribaron a Venezuela a expandir sus negocios. De hecho, un primo de Antonino Buttaci, Carlos Buttaci, fue alcalde del municipio Colón por doce años y esa condición solía ser una ventaja, que les permitía a sus familiares y socios, seguir amasando sus fortunas por muchos años más. Uno de esos mecanismos era el cobro de impuestos a alícuotas reducidas por la venta de vehículos y partes, para que éstas no generaran altos egresos a la fortuna familiar y a su vez la sociedad de accionistas.
La alcaldesa de Colón, María Malpica, previo al segundo de sus triunfos como alcaldesa junto al economista Blagdimir Labrador, los denunciaron y amenazaron con cerrarles sus establecimientos. Además, pidieron ante el TSJ el cobró de los impuestos municipales atrasados, las multas y se esperaba que la situación se normalizara con la reforma a la ordenanza de impuestos. Las negociaciones entre Gobierno y empresarios no queda descartada, en lo que parecía ser un pase de factura político. Una decisión que sigue en manos del gobierno de Nicolás Maduro y sus más allegados colaboradores.
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