La exfuncionaria pidió se le imprima celeridad al caso
Foto: Endry Polo
Maracaibo — Tal y como lo establece el artículo 16 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, es deber del Ministerio Público (MP), garantizar el debido proceso, la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el respeto a los derechos y garantías constitucionales.
La abogada Senovia Urdaneta Guerra visitó la sede de QUÉ PASA para denunciar un presunto caso de sustracción de documentos, cambios y alteración del resultado final de una causa, en la administración judicial en Maracaibo, en torno al cambio de un documento de recusación que fue interpuesto en contra del juez provisorio séptimo de juicio del Circuito Laboral del estado Zulia, Edgardo Briceño Ruiz, por verse comprometida su imparcialidad para resolver una causa.
Urdaneta informó que dicho documento —que fue interpuesto en 2012 por su colega José Gregorio González—, fue convertido en un acta de inhibición; la finalidad de este tipo de documento es no proceder con la investigación de una causa judicial —habiendo pasado los días correspondientes para retirar dicho documento— con la finalidad de ser modificado por el mismo abogado que introdujo la misiva.
Ante esto, la abogada resaltó la posible complicidad de Mónica Parra de Soto, quien para ese entonces ejercía el cargo de jueza coordinadora del Circuito Laboral de Maracaibo, quien al parecer tiene una sólida amistad con el recusado, y es quien tenía el deber de proceder a investigarlo.
Caso engavetado
Al mismo tiempo Urdaneta Guerra, quien es exfuncionaria del Circuito Laboral, insistió en que el caso ha sido engavetado por los diferentes entes a los cuales ha acudido, haciendo énfasis a que el actual coordinador del Circuito Laboral de Maracaibo, Miguel Uribe Henriquez, tras constatar la gravedad de este hecho, ordenó a la entonces jueza Mónica Parra de Soto, quien estuvo en su cargo hasta el año pasado, abrir la investigación administrativa correspondiente.
El caso tiene dos años, y desde entonces no se ha procedido formalmente a una investigación en contra de los dos funcionarios de la administración judicial.
Sin embargo, el pasado 28 de mayo la abogada, en su condición de denunciante, solicitó nuevamente al MP, se reabra el caso y se le imprima celeridad a la investigación, pues a su criterio la única víctima es el Estado venezolano, y de ser comprobado, se estaría en presencia de un grave delito en contra de la administración de justicia. «Yo creo en la justicia venezolana», sentenció Urdaneta.
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