La contralora municipal de Maracaibo, Flor Romero, está suspendida de sus funciones por orden de la Contraloría General de la República y no le aceptaron su jubilación
Fotos: Agencias
La comisión que debe levantar el informe para destituirla no avanza. Los acuerdos entre fracciones políticas prosperan para no perder cuotas de poder
Maracaibo — El caso de la contralora municipal de Maracaibo, Flor Romero, todavía tiene mucha tela que cortar.
Fuentes de la Contraloría General de la República informaron a QUÉ PASA que el pasado viernes el contralor interventor, Ramón Fuenmayor González, había introducido un documento en el que expresa que Romero aún se mantiene ejerciendo funciones en el Concejo Municipal de Maracaibo, ahora en calidad de asesora, contraviniendo todo lo establecido en las leyes que la obligan a separarse de cualquier función pública mientras está efectuándose la investigación.
¿Quién la contrató?, esa pregunta se la harán todos los que leen esta nota y la respuesta es fácil: todos los concejales.
Sí, leyó bien. Los trece ediles, incluyendo a los cinco concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes parece ser que se olvidan que el pueblo los eligió y les exige algo más que un discurso político de lucha contra la corrupción que ellos hoy amparan.
Pero ahondando aún más, el que tiene que agarrar el toro por los cuernos es el actual presidente de la Cámara Municipal, Carlos Farías, quien, al parecer, prefirió correr la arruga y dejar a Romero en el sexto piso de la Alcaldía con oficina y todo.
Averiguación lenta
El pasado 28 de septiembre los concejales convocaron a una sesión extraordinaria en el Museo de Artes Gráficas Luis Chacón para «informar al Concejo Municipal sobre el oficio N°01-00-000893 de fecha 23 de septiembre de 2015, suscrito por el ciudadano Manuel Galindo B, contralor general de la República; recibido por el Despacho de la Presidencia el 25 de septiembre, siendo las 12:25 am, referido a la intervención de la Contraloría Municipal de Maracaibo».
En esta sesión se nombró una comisión para sustanciar un expediente a la contralora. La presidencia de esta comisión quedó en manos de la concejal Ada Rafalli, quien declaró ese día lo siguiente:
«El Concejo Municipal no determina responsabilidades, solo estudiarán lo que les exigen, en el numeral cuarto de la resolución los instan a iniciar el procedimiento de sustanciación de un expediente para proceder a la destitución de la contralora, cuyas causales taxativas, están en la Ley de la Contraloría, Ley del Poder Público Municipal y el estatuto de la función pública».
Afirmó que «de esas investigaciones puede suceder que se destituya o que se pueda sobreseer la causa».
Y remató que la intervención «puede durar 90 días con prórroga, o en todo caso, si procede, la designación de un nuevo contralor producto de un concurso».
En ese mismo instante la también edil y miembro del PSUV regional, Egda Vílchez, dejó ver las costuras y se mostró complaciente con la recién separada de su cargo: «El interés no es hacer juicio a priori, ni prejuzgar la investigación que puedan viciar el trabajo, porque es una ciudad comprometida, y esto va más allá, es el hecho humano de una persona que presuntamente está involucrada —un hijo— que, al parecer, cometió un delito con responsabilidad sobre un patrimonio municipal, un organismo del Poder Moral y fiscal de la ciudad, por ello todos los concejales tenemos una sola finalidad, y es que salga a la luz lo que se pueda investigar en este informe que debemos elevar».
Cuatro meses después de esas palabras la comisión no se ha pronunciado, no se ha elevado ningún informe a la Contraloría General de la República y encima, sirven de tapadera para que Romero siga asesorando —incluidas persecuciones y amenazas contra los trabajadores contratados— a la actual presidencia de la instancia legisladora municipal.
Reuniones y acuerdos
Todo este amiguismo no es de gratis. El aceptar la suspensión de Romero de su cargo fue un buen consejo de la concejal Rafalli, a quien ahora le preguntamos ¿es ese el apego al derecho y al principio de legalidad que pregona en su discurso?, porque si es así no vemos entonces futuro en la investigación de la comisión que preside.
Sabemos de buena fuente que los acuerdos para dejar el tema Romero se tejieron a la sombra de las cuotas de poder que mantienen cada una de las fracciones y a quienes no les conviene que les muevan a ninguna de las personas que tienen trabajando y cobrando por la Contraloría Municipal.
Y tampoco se nos dejó de informar que la representante indígena en la instancia, Inés López, prefirió entregar la segunda vicepresidencia en la actual directiva «con tal y dejen a mi comadre Flor tranquila». Sí, la funcionaria y la concejal de Mia-Zulia, son comadres.
Y como nada es secreto entre cielo y tierra, el único que en su momento alzó la voz para decir que ante los ruidos de destitución separaran a la funcionaria de su ejercicio en la contraloría fue el concejal de UNT, Leonardo Fernández, a quien llamaron a capítulo y le dijeron «calladito te ves más bonito».
Mañana le daremos a conocer las razones por las cuales los trece concejales están en desacato ante la Contraloría General de la República.
El caso que la apartó
Orlando Enrique Castillo Romero fue apresado en flagrancia por funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia el miércoles 16 de septiembre en horas de la noche, mientras repartía el botín producto de un robo cometido en la casa del fallecido cantautor Tino Rodríguez, situada en la urbanización La Victoria.
Castillo Romero, según narra el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, fue apresado conduciendo una camioneta oficial propiedad de la Contraloría Municipal donde transportaba los objetos robados.
A «El Orlandito» se le señalaron los cargos de concierto para delinquir, aprovechamiento de cosas provenientes del delito y uso de vehículo automotor oficial de la contraloría.
Este escándalo obligó a Romero a tomar una decisión anticipada. Viajó por tierra a Caracas para entrevistarse con el contralor general de la República. La misión era negociar su salida del cargo a cambio de la libertad para su hijo, pero éste se negó a recibirla. La noticia la llevó a ser hospitalizada por varios días.
Al regresar a Maracaibo presentó su renuncia al cargo —algo que supuestamente había hecho el 6 de abril y había quedado en suspenso— y los concejales se la aceptaron de inmediato.
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