En una visita al diario QUÉ PASA, los representantes de la dirección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Carlos Áñez y Rafael Vílchez, acompañados del abogado Manuel Antonio Romero informaron, que el próximo lunes 24 de febrero se estará llevando a cabo la celebración de la audiencia preliminar de las enfermeras Claudina Salas y Nereida Torres, imputadas por el Ministerio Público por los delitos de trata de niños y asociación para delinquir, ambos previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada en los artículos 41º y 37º respectivamente, tras la acusación por parte de la fiscalía como cómplices de Luz Dery Otero Sandoval, en el robo de los tres bebés recién nacidos el pasado mes de diciembre en el Hospital Chiquinquirá.
La presencia de los representantes de los DD.HH. en este rotativo, tiene el propósito de solicitar al juez y a la fiscal una verdadera administración de justicia contra las imputadas, quienes por boca de la autora intelectual y material del hecho, se conoce que las mismas no tienen nada que ver en el robo de los infantes y así ha sido constatado en las actas y expedientes, donde además no se evidencian elementos probatorios que las vinculen al hecho, desestimando las declaraciones de Luz Dery Otero.
Compañeros de trabajos de las profesionales de enfermería, quienes cada una cuenta con más de 20 años de experiencia y con una conducta intachable dentro del hospital, declaran que las mismas no son responsables de los hechos con las cuales se han vinculados y mucho menos cómplices de los delitos por los cuales se les acusan.
Manuel Antonio Romero, abogado defensor solicita ante el doctor Francisco López Almao, juez sexto de 1º instancia en funciones de control y a la fiscal 35º del Ministerio Público, Nadia Pereira, que se coloquen las manos en el pecho, que piensen en el daño moral y psicológico que le causan a las familias de las imputadas y sumado a eso, que consideren las edades de las mismas para que apegados al artículo 236º del Código Orgánico Procesal Penal, en su capítulo III hablando de la privación judicial preventiva de la libertad sometan a consideración su privación y estas sean juzgadas en libertad.
El código establece que el juez o jueza de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita, cuando fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible o cuando haya una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.
Carlos Áñez solicita que sea evaluado ese beneficio para que puedan ser juzgadas en libertad, fundamentándose básicamente en que son madres de familias y mujeres de avanzada edad «nos ponemos de rodillas ante ellos, para que mantengan la rectitud, se apeguen a las leyes y al artículo 236º, que todos sepan que si existen los Derechos Humanos en Venezuela y si se defienden».
Asimismo, ratifica que no solicitan que actúen fuera de la ley, sino que insta a los administradores de justicia a aplicar las leyes de conformidad a lo que la misma establece sin obedecer a intereses particulares, que vayan en contra de estas enfermeras inocentes de los cargos que se les imputan y tomen en cuenta la falta de elementos de convicción y las declaraciones de la autora material quien afirma reiteradamente que las enfermeras no están relacionadas con el hecho.
El hecho
Como se recordará el pasado mes de diciembre los niños Sebastián Andrés Maure Tirado, Cielimar Vílchez Montero y Shnneider Santiago Gómez Jerardino, fueron los bebés de un día de nacido, que el 1º de diciembre fueron sacados como si nada del Hospital Chiquinquirá y 24 horas después fueron localizados por una comisión del Cpbez, en el Hotel Euro América, ubicado en la Circunvalación N° 2 de Maracaibo.
Los neonatos fueron raptados por una fémina que vestía como enfermera y quien se identificó ante las madres como la pediatra de guardia, quien más tarde fue apresada e identificada como Luz Dery Otero e imputada como autora intelectual y material en el secuestro de los infantes.
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