Foto: CS
También se inspeccionan los establecimientos de venta de repuestos y casas de accesorios
San Francisco — La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) región Zulia, acompañado de otras instituciones como el Seniat, Sencamer, Inpsasel, Zodi y consejos comunales del municipio San Francisco fiscalizaron ayer la empresa Distribuidora del Sur 2000 (Distrisur), en el marco de la II fase de la ofensiva económica emprendida por el Gobierno nacional.
One Soto, coordinador del ente en el estado, informó que la medida se ejecutó luego de recibir algunas denuncias por parte de usuarios, quienes manifestaron sentirse discriminados y condicionados a la compra de baterías.
Al hacer la inspección y fiscalización se detectó ilícitos leves de carácter administrativo. Por su parte, la empresa tuvo a su favor que la venta de los acumuladores se realizaba por debajo del 30% establecido, es decir, que el precio estaba bajo los márgenes de ganancias justos.
«No encontramos la presunción del delito de usura, pero si recibimos quejas de restricción del productos, así como condicionamiento para su compra».
Sin embargo, la SUNDDE decidió ordenar la venta supervisada de 1.487 baterías y para el día de hoy se continuará la comercialización de 2 mil más.
Los precios de las baterías van desde 1.200 hasta 2.200 bolívares, dependiendo de las características y amperaje del acumulador.
Operativos constantes
Agregó que se han inspeccionado 165 empresas, de las cuales 45 han sido fiscalizadas y más de 30 presentaron ilícitos administrativos.
13 de las empresas fueron remitidas al Ministerio Público al ser señaladas por los delitos de usura y especulación.
Soto argumentó que en estos casos, sea de especulación o de usura, la ley contempla sanciones por la vía penal, que van desde entre 8 mínimo y 10 años de cárcel máximo.
Destacó el funcionario que también se inspeccionan los establecimientos de venta de repuestos, importadoras y casas de accesorios para vehículos.
«Estamos profundizando las revisiones para darle a los usuarios los productos a un precio justo y que no sean víctimas de la especulación y la usura. La idea es ayudar a la ciudadanía», dijo Soto.
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