Foto: Referencial
«La inmunidad parlamentaria solo ampara (…) los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional)», indica una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A inicios de 2016, esa corte declaró en desacato al Parlamento -de mayoría opositora- por considerar que no desvinculó formalmente a tres diputados acusados de fraude electoral.
Con esa declaratoria, el TSJ señalado por la oposición de servir al gobierno del presidente Nicolás Maduro- ha anulado todas las decisiones de la Asamblea, que asegura ya cumplió con la separación de los legisladores.
El tribunal se pronunció sobre el fuero parlamentario al anular un acuerdo aprobado el 21 de marzo por el bloque opositor, que pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar a su Consejo Permanente para evaluar la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela.
La sentencia se conoció el mismo día en que el Consejo Permanente tiene previsto analizar la situación del país petrolero, sumido en un choque de poderes entre el gobierno y el Legislativo, y una crisis económica caracterizada por escasez de alimentos y medicinas.
El TSJ fue más lejos al ordenarle a Maduro tomar «las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción», a propósito del acuerdo legislativo.
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