Notoria ausencia de la Fiscal General

Maduro y el Consejo de Defensa de la Nación exhortan al TSJ a revisar sentencias 155 y 156

Aspecto del Consejo de Seguridad de la Nación convocado de urgencia para resolver el impasse entre poderes
1 de abril, 2017 - 7:24 am
Pedro Pablo Guisandes

La decisión fue presentada a manera de un comunicado, leído a las 12:30 am, por el vicepresidente Tareck El Aissami, en el cual se asegura que las diferencias entre el Ministerio Público y el TSJ ya fueron dirimidas.

     El Consejo de la Defensa de la Nación de Venezuela, convocado este viernes por el presidente Nicolás Maduro, acordó acciones para preservar la institucionalidad de la República Bolivariana y terminar, de manera urgente, la controversia suscitada entre el Poder Ciudadano y el Judicial, a raíz de las sentencias 155 y 156, que además generaron una fuerte y masiva condena de la comunidad internacional, exigiendo la restitución del estado de derecho y la independencia de los poderes públicos.

      El impasse entre los Poderes Públicos, surgió el viernes 31 de marzo, por la postura asumida por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en las que el máximo tribunal asumía funciones legislativas mientras la Asamblea Nacional (AN) se encuentre en desacato

En su alocución, el primer mandatario aclaró que los acuerdos fueron alcanzados por unanimidad y en consulta con todos los integrantes del Poder Moral y Ciudadano, conformado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República (que no estuvo en la reunión) y la Contraloría General de la República.

Lea a continuación, todo el texto de lo acordado:

  

COMUNICADO

      El Consejo de Defensa de la Nación, debidamente convocado y presidido el día de hoy por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su condición de jefe de Estado, conforme al mandato y las atribuciones que le confiere el artículo 323 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, en ocasión de la controversia surgida por la Fiscalía General de la República y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha decidido:

1. Ratificar que el Máximo Tribunal de la República en su Sala Constitucional es la sala competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del Poder Público Nacional que colinden con la Carta Magna, así como la resolución de los conflictos entre poderes.

2. Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes, mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.

3. Reiterar que los desequilibrios y conflictos entra las distintas ramas del Poder Público Nacional se encausan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes, los cuales son expresión del dinamismo y la pluralidad de los estados constitucionales y democráticos.

4. Destacar los loables esfuerzos del Presidente de la República como jefe de Estado, en la búsqueda de soluciones para resolver, dentro del marco constitucional y mediante el diálogo constructivo, los conflictos entre los órganos del Poder Público Nacional en atención a la independencia, la división y la autonomía de sus distintas ramas.

5. Insistir en nuestra disposición al diálogo fecundo y exhortar a la oposición venezolana a incorporarse sin demora al diálogo nacional promovido por el jefe de Estado y acompañado por Unasur, el Papa Francisco y los expresidentes Martín Torrijos, Leonel Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero.

6. Repudiar categóricamente cualquier intervención que atente contra la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación. Los asuntos de los venezolanos deben ser resueltos exclusivamente por nosotros, sin injerencia ni intervención alguna y en respeto estricto a la jurisdicción interna del Estado venezolano.

La fortaleza del sistema democrático en Venezuela y de su robusto estado de derecho, no está discusión ni entredicho. Es muestra del Estado constitucional de derecho, de justicia social y paz, edificado en un país que ha hecho de la práctica de la democracia participativa y protagónica, el vehículo para la transformación de la sociedad y la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible.

En palabras de nuestro Libertador: “Solo la democracia es susceptible de una absoluta libertad, libertad que define como el poder que tiene cada hombre de hacer cuanto no esté prohibido por la ley” Simón Bolívar

Caracas , 1 de abril de 2017

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