Foto: Agencias
Durante su gestión, la explotación del SRS se realizaba sin necesidad de presentar un certificado que respaldara si esas sociedades tenían algún tipo de experiencia en este sector
De los 1.600 millones de bolívares que dispuso Pablo Pérez durante su etapa como gobernador del estado Zulia, 1.153 fueron a parar a los bolsillos de «su club» de amigos o de empresas vinculadas a Un Nuevo Tiempo (UNT). El «nuevo modelo de gestión» del Sistema Regional de Salud (SRS) se convirtió en un impune y complejo, a la par que sencillo, patrón político para distribuir importantes sumas de dinero de las arcas públicas.
Durante sus cuatro años de gestión otorgó «graciosamente» 595 millones de bolívares para la explotación de 31 centros clínicos ambulatorios del Zulia. Sin embargo, ese objetivo no fue suficiente y volvió a conceder otros 1.153 millones a diputados, concejales y sociedades próximas a él a través de ese programa sanitario a 11 hospitales del estado que dependían económicamente de él, y que administraba la secretaria regional de Salud, María Moreno.
El despilfarro económico de las arcas de la sanidad regional fue, según demuestran los documentos a los que tuvo acceso QUÉ PASA en enero de 2013, —trabajos publicados los días 28 y 29 de ese mes— una práctica habitual de Pablo Pérez desde que fue elegido gobernador del estado el 1 de diciembre de 2008. Esa fecha marcó el inicio de las prebendas y gangas económicas para sus más próximos e íntimos allegados.
11 hospitales beneficiados
La documentación es tajante a la hora de señalar que Pérez entregaba cada mes más de 20,6 millones de bolívares a siete empresas para que atendieran esos 11 hospitales. Algunas de ellas, como Imadinca, Invesaca, Medisyst o Damas SVP ya eran beneficiarias de los contratos con los centros clínicos de salud.
Ahora y tras las denuncias publicadas por QUÉ PASA, el exgobernador deberá responder a las preguntas que le formulen los diputados en la Asamblea Nacional, una interpelación que Pablo Pérez trata, de nuevo, retrasar para eludir sus responsabilidades políticas y económicas mientras era gobernador del estado Zulia. El sucesor de Manuel Rosales ha sido acusado de malversación genérica de fondos públicos y tráfico de influencias y, en esta ocasión, ha alegado motivos «personalísimos de causa mayor» para evitar su comparecencia.
Como ocurrió con las «donaciones» en los centros clínicos y ambulatorios, ninguna de esas empresas participó en concurso público alguno. Tampoco ninguna de ellas fue auditada para conocer su experiencia o conocimientos científico-técnicos que demostraran o avalaran su contratación. Sencillamente, Pablo Pérez a través de su secretaria regional de Salud, María Moreno, las concertaba directamente sin que ni tan siquiera hubiera un contraste con otras ofertas. El contrato era directo.
Imadinca, la gran favorecida
Lorena Furnaleto, de nuevo, fue la gran beneficiaria de esos millonarios contratos. La relación de amistad y económico financiera entre el exgobernador y ella, era superior a la de cualquier otra representante o persona vinculada a empresas que quisiera trabajar para los centros clínicos, ambulatorios y hospitales del estado Zulia.
De esta manera se puede constatar que durante el mandato de Pablo Pérez, Furnaleto, figura identificada como vinculada a la empresa Imadinca, participó directamente en la gestión del servicio de emergencias del Hospital General del Sur (HGS), del mismo servicio en el Hospital de Cabimas y del área de hospitalización de ese último centro.
Por su intervención en el servicio de emergencias del Hospital General del Sur percibía mensualmente más de 3,5 millones de bolívares. Por sus gestiones en el servicio de emergencias del Hospital General de Cabimas, Pérez le entregaba 2,7 millones y por atender parte del departamento de hospitalización de ese último centro era «agraciada» con más de 2,6 millones mensuales. En total, cada mes el exgobernador entregaba a Imadinca casi nueve millones de bolívares. En ese monto no están incluidos los 6,2 millones que —también mensualmente— percibía con los insumos que participaba de los centros clínicos ambulatorios.
Otras sociedades «agraciadas»
Otra de las empresas que aparece «agraciada» por el exgobernador que destaca en la documentación a la que ha tenido acceso QUÉ PASA es Corphos, que suministraba instrumentos, materiales y equipos de medicina a los servicios de hospitalización del Hospital General del Sur y al Hospital Chiquinquirá.
Según consta en esos documentos, esa sociedad percibía mensualmente más de 8,2 millones de bolívares al mes. Por prestar sus servicios en el primero de esos hospitales cobraba más de 6,1 millones y por su gestión en el segundo, más de 1,1 millones. Tampoco participó en ningún concurso. Su contratación fue directa por orden de Pablo Pérez.
La empresa Invesaca suministraba insumos al servicio de hospitalización del Hospital Santa Bárbara. Por ese trabajo —contrato sin oferta y entregado directamente— percibía mensualmente más de dos millones de bolívares.
Entre los dedazos que afectaron a las arcas de la sanidad regional vuelve a aparecer el nombre de Carlos Méndez a través de la empresa Medisyst. Según la documentación, esa sociedad cobraba más de un millón de bolívares al mes por sus trabajos en el Hospital Chiquinquirá.
Como en los casos anteriores, su contratación fue directa, sin concurso y sin comparación de ofertas. Además, Medisyst obtenía mensualmente casi tres millones de bolívares única y exclusivamente de centros clínicos dependientes de la gobernación en los que participaba.
Hospital y centros clínicos
Otras dos sociedades privadas que se beneficiaron de la gestión económica durante el gobierno de Pablo Pérez son Predisalud y Cmisca. La primera de ellas prestaba sus servicios en el departamento de hospitalización del Hospital Central. La segunda, en el servicio de emergencias de ese mismo centro.
Por esos trabajos cobraban mensualmente más de 3,5 millones de bolívares. La primera, más de 2,1 y la segunda, más de 1,3. Los nombres que aparecen relacionados con ambas empresas son Luis Urrutia y Freddy Davalillo. Ninguna de las dos sociedades aparece en la relación de sociedades beneficiadas por la explotación de centros clínicos ambulatorios.
También aparece la empresa Damas SVP, atribuida a Marielis Rincón. Esta sociedad, según los documentos, prestaba sus servicios en el Hospital Mara. Mensualmente recibía más de 1,4 millones de bolívares por sus trabajos.
Finalmente, se señala a la empresa Microven como otra de las «elegidas» por Pablo Pérez y María Moreno para trabajar con el Sistema Regional de Salud. Al igual que todas las anteriores, tampoco presentó una oferta o participó en algún concurso público para gestionar los laboratorios de algunos hospitales públicos zulianos. Tampoco se ha podido determinar cuáles eran sus emolumentos.
Imagen titular de QUÉ PASA del día 29 de enero de 2013 en el que se denunciaban las irregularidades sanitarias
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