Oficialistas y opositores enfrentados por magistrados

Diputados y especialistas debaten

4a otra
16 de julio, 2016 - 9:04 am
Sandy Ulacio / [email protected]

La oposición entregará el informe de la comisióna todos los organismos internacionales

Foto: Agencias

Caracas — La oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), enviará a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a otros organismos internacionales el informe legislativo en el que se basó la mayoría opositora parlamentaria para destituir a los 34 jueces del Supremo.

«El expediente está muy claro y la función política que hicimos es demasiado cristalina ante los ojos de los venezolanos y la Mesa de la Unidad va a enviar a todo el cuerpo diplomático y a la OEA y a todos los organismos internacionales el expediente completo que hizo la comisión (parlamentaria)», dijo ayer el diputado opositor Carlos Berrizbeitia.

Así lo declaró a QUÉ PASA vía telefónica, a la par que señaló que lo expresado por el doctor Escarrá no tiene fundamento alguno. «Escarrá es el abogado de Miraflores y no hay ninguna base legal porque no estamos revocando ningún magistrado. Él hace una interpretación del artículo 265 de la Constitución y nosotros lo que hicimos fue dejar sin efecto el acto de designación por el vicio de todo el procedimiento, algo que está establecido en el artículo 138 de la Carta Magna».

Por otro lado, señaló el legislador y presidente de la comisión que se encargó de la revisión de los magistrados que «el 15 de junio le enviamos al Poder Ciudadano, presidido por el contralor general de la República Manuel Galindo —y que lo conforman además Tarek William Saab (defensor del Pueblo) y Luisa Ortega Díaz— una comunicación que está en el expediente para que nos recibieran y explicar los vicios y lamentablemente no nos recibieron. Lo que sí puedo decir con total responsabilidad es que cuando se produjo el nombramiento de estos magistrados el responsable del Poder Ciudadano era el defensor del Pueblo, así que Tarek fue parte de ese fraude».

De igual manera, se contactó por la misma vía al magistrado de la Sala Constitucional, el zuliano Calixto Ortega, quien atendió la llamada y respondió así: «Por ser parte de este Tribunal Supremo de Justicia no puedo emitir declaraciones al respecto».

Poder Ciudadano

Para el experto constitucionalista Hermann Escarrá «las mayorías parlamentarias en la Asamblea Nacional (AN) tienen que responder a las normas constitucionales que tienen varios señalamientos, el primero de ellos es que no puede sustituirse a los magistrados del TSJ si no hay un pronunciamiento ni un expediente debidamente desarrollado en el Poder Ciudadano, el cual debería emitir una resolución de falta grave para que entonces pueda someterse a la consideración de la AN todo lo relativo a la eventual destitución de los magistrados».

A este respecto ya se había pronunciado el pasado 14 de marzo la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien aseguró que «la Asamblea Nacional no puede destituir a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia aun cuando hayan irregularidades».

La representante del Ministerio Público (MP) explicó que «esto tiene un procedimiento que, en primera instancia, lo llevaría a cabo el MP, que posteriormente le haría el exhorto al TSJ para que hiciera la destitución a la que hubiera lugar».

La otra vía propuesta

El también diputado Pedro Carreño advirtió que la AN ahora «busca cambiar la correlación de fuerzas en el TSJ. Estos señores quieren destituir a los magistrados, no teniendo competencia para ello, para convocar un nuevo comité de postulaciones judiciales y designar nuevos magistrados e ir por el mundo entero diciendo este TSJ es ilegal porque los magistrados que están allí son los que designamos nosotros (la anterior Asamblea)».

Insistió que la reforma de la Ley Orgánica del TSJ que adelanta el Parlamento es «una acción inoficiosa», subrayó.

Esta reforma incorporó un artículo nuevo, el 146, en el proyecto de ley para establecer que cuando la Sala Constitucional reciba una solicitud del Presidente para evaluar la legalidad de una normativa deberá citar a la AN, en un lapso de tres días, y fijar una audiencia pública para que el jefe de Estado o el funcionario que lo represente exponga sus argumentos con pruebas.

Actualmente, el mandatario nacional solo remite la norma y espera el pronunciamiento del órgano judicial que tiene 15 días para hacerlo de acuerdo con el 214 constitucional.

El artículo 145 de la Ley del TSJ vigente incluye esta solicitud presidencial en las causas que no están sujetas a sustanciación.

El aumento sustancial de los miembros que integran la Sala Constitucional de siete a 15 magistrados es otra de las reformas, algo que ya tiene precedentes, ya que la anterior gestión agregó 12 magistrados a los 20 existentes en las seis salas en el año 2010.

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