Los ediles dijeron que están dentro de los lapsos establecidos y que en su momento se pronunciarán
Foto: Agencias
El presidente de la Cámara Municipal, Carlos Farías, dijo que Romero no está de asesora y mucho menos tiene una oficina
Maracaibo — Luego de las dos entregas especiales de QUÉ PASA en las que se señaló en exclusiva las irregularidades en las que habrían incurrido los trece concejales al haber aceptado la jubilación de la contralora de Maracaibo, Flor Romero, y del escándalo con su hijo involucrado en un robo usando la camioneta asignada a la Contraloría Municipal, este rotativo se trasladó hasta la Cámara Municipal para conversar con los responsables de sustanciar el expediente solicitado por la Contraloría General de la República (CGR).
La presidenta de la comisión designada para llevar a cabo la sustanciación del expediente la concejal Ada Rafalli se defendió escudándose en las leyes y señaló: «Es falso que la comisión no esté trabajando. En su momento la Cámara Municipal elevó a la CGR la documentación respectiva en un expediente foliado en el que se declaraba la falta absoluta de la contralora municipal Flor Romero por cuanto había ejercido su derecho a la jubilación, y la convocatoria a un concurso público, algo que fue publicado en diarios de circulación nacional y regional».
De igual manera, la edil afirmó sobre el oficio N° 07-00192 emitido por el director general de Control de Estados y Municipios, Gustavo Valero Rodríguez, en el que se ordena dejar sin efecto la jubilación de Romero y se declara que su situación en el cargo es el de SUSPENDIDA que «efectivamente se paralizó todo y nos exhortó a sustanciar un nuevo expediente y proceder a la destitución».
Sin embargo, Rafalli explicó que «si bien es cierto que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal faculta la destitución no contempla el procedimiento, así que por analogía seguimos lo contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 89. En ese punto está la comisión, sustanciando el expediente para proceder a lo que indican los lapsos y procedimientos establecidos».
El paso a paso
Si esto es cierto, los lapsos contemplados en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que se ordenará la averiguación del funcionario (paso cumplido por la CGR); se instruirá el expediente y se determinarán los cargos a ser formulados (fase en la se dice está la comisión municipal); se procede a informar al funcionario personalmente o mediante publicaciones para lo cual se dispone de cinco días continuos; al cumplirse el quinto día se formularán los cargos; en el lapso de cinco días hábiles siguientes, el funcionario consignará su escrito de descargo.
Concluido el acto de descargo, se abrirá un lapso de cinco días hábiles para que el investigado promueva y evacue las pruebas que considere conveniente. Posteriormente y dentro de los dos días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de pruebas concedido al funcionario o funcionaria público, se remitirá el expediente a la Consultoría Jurídica a fin de que opine sobre la procedencia o no de la destitución. A tal fin, la Consultoría Jurídica dispondrá de un lapso de diez días hábiles.
Finalmente, en este caso, la Cámara Municipal —y en concordancia con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal— tendrá cinco días hábiles para notificar al funcionario investigado del resultado.
«No trabaja aquí»
El que también se pronunció sobre lo publicado en la investigación realizada por QUÉ PASA fue el presidente del cuerpo edilicio, Carlos Farías, quien fue firme en asegurar «es falso que Flor Romero esté contratada aquí como asesora y mucho menos que tenga una oficina cuando tenemos concejales que no cuentan con una por no tener espacios».
Señaló que «tampoco se han renovado los contratos porque aún no he podido firmar nada, así que no se está persiguiendo o amenazando a nadie».
Los que no estaban en la cámara el pasado lunes fueron los concejales principales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para obtener sus razones para apoyar al resto de las bancadas y no haberse pronunciado sobre el caso de Flor Romero y el uso de un bien patrimonial en el cual se cometió un robo.
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