El Legislativo repudió este martes las «torturas» a los militares privados de libertad y exigió su liberación, luego de que familiares de algunos de los detenidos denunciaran golpes y maltratos por parte de funcionarios del Estado
Foto: Agencias
La Asamblea Nacional urgió este martes la liberación de 152 militares que están tras las rejas acusados de varios delitos y que el Legislativo y organizaciones de derechos humanos califican de políticos presos.
El Legislativo repudió este martes las «torturas» a los os militares privados de libertad y exigió su liberación, luego de que familiares de algunos de los detenidos denunciaran golpes y maltratos por parte de funcionarios del Estado.
«Reiteramos el repudio a la tortura y violación de derechos humanos», dijo el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Julio César Reyes, tras un extenso debate sobre la «violación de los derechos humanos a los militares privados de libertad».
Los diputados opositores, que como de costumbre fueron los únicos en asistir al Parlamento, pidieron la liberación de los 152 militares privados de libertad que aseguran hay en el país por «cumplir» y «defender» la Constitución.
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En la misma línea se pronunció el legislador Franco Casella al expresar la solidaridad del Parlamento a los familiares de los militares.
«Reciban nuestro respeto, reciban nuestro compromiso de transformar esta indignación en unas acciones para construir en una mejor Venezuela», indicó.
En el debate participaron familiares de algunos militares encarcelados como Leonela Medina, esposa del teniente coronel Henry Medina Gutiérrez, detenido en marzo pasado junto a sus «compañeros de la promoción de 1999» por «instigación a la rebelión, traición a la patria y delito contra el decoro militar».
La esposa de Medina Gutiérrez, que no precisó el número de detenidos junto a su marido, aseguró que las quejas de los militares son interpretadas como una conspiración.
Denunció también que su marido y sus compañeros estuvieron con esposas durante siete días, que recibieron golpes y que uno de ellos había sufrido de una fractura en las costillas.
Entretanto, Ana Valera, madre del primer teniente Simón Torres, acusado también de «rebelión militar y traición a la patria por estar vinculado al caso de Óscar Pérez», un policía que se alzó contra del Gobierno de Nicolás Maduro y que murió en un operativo policial, denunció igualmente maltratos a militares.
Según dijo, a su hijo, junto a otros ocho militares no los dejaron dormir por tres días cuando los detuvieron en enero pasado, «les arrancaron las uñas de los pies, los desnudaron y les intentaron violar con un palo, dislocaron el brazo».
El Parlamento recibió el miércoles pasado un proyecto de Ley de Amnistía por parte de la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, destituida luego de mostrar sus diferencias con el Gobierno de Nicolás Maduro, que asegura seguir trabajando desde el exilio a favor de la Justicia venezolana.
Ortega Díaz dijo en ese momento que la norma, que será evaluada por el Legislativo que la sigue reconociendo como fiscal general, servirá «para adoptar tratamientos especiales para civiles, militares y policías del Estado que hayan ejecutado acciones destinadas al restablecimiento del orden democrático».
El presidente Nicolás Maduro ha señalado planes de «conspiración» dentro de la Fuerza Armada y a finales de mayo pasado ordenó que fuera firmado en los cuarteles un documento que exige lealtad a su Gobierno.
El domingo pidió a los militares mantener «la guardia en alto» ante los supuestos «cantos de traición» que salen desde Colombia, una nación a la que con frecuencia responsabiliza de los problemas de su país.
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