El «tribunal supremo de justicia en el exilio» condenó este miércoles (15.08.2018) en Bogotá al presidente Nicolás Maduro, a 18 años y tres meses de cárcel por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, en un caso relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.
«Las penas de delitos cometidos deben ser impuestas en su término medio tomando en cuenta las circunstancias agravantes y las consideradas por este órgano jurisdiccional (…) quedando las penas a aplicar para ambos hechos delictivos de la siguiente manera: 18 años y tres meses de reclusión», manifestó el magistrado Rommel Gil durante la audiencia que se realiza en el Congreso de Colombia.
Gil detalló que la condena se debe cumplir en la Cárcel de Ramo Verde en el estado de Miranda, donde estuvieron encarcelados los dirigentes de oposición Leopoldo López y Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal (estado Táchira).
El magistrado agregó que el » tsj en el exilio » encontró durante la investigación «fehacientemente culpabilidad penal» de Maduro, por lo que además lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por el mismo tiempo que dure la condena.
Además, el tribunal «en el exilio» sancionó al presidente venezolano con una multa de 25 millones de dólares por el delito de corrupción propia y a resarcir 35.000 millones de dólares al Estado por legitimación de capitales.
El » tsj en el exilo » inició el pasado 2 de agosto en Bogotá un juicio promovido por la exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, quien durante siete audiencias presentó pruebas con las que vincula a Maduro con Odebrecht.
La depuesta fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz es la oficial de más alto rango en oponerse al gobierno de Maduro y ha estado liderando una campaña en el exilio para denunciar abusos de derechos humanos y corrupción por parte de funcionarios gubernamentales e intento la acción ante » el tsj en el exilio «.
Según Ortega, Maduro firmó, como canciller del fallecido presidente Hugo Chávez, contratos asignados de «forma directa» a la empresa como pago por apoyarlos en la campaña presidencial de 2005.
De igual forma, lo acusa de pedir 50 millones de dólares a la compañía brasileña para su campaña en 2013, de los cuales recibió 35 millones a cambio de dar un «trato preferencial» a Odebrecht.
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