Los diputados, Delsa Solórzano y Manuel Rojas, solicitaron anular la resolución
Foto: Agencias
Caracas — El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó, ayer, mediante la sentencia 00840 con fecha del 27 de julio, la resolución emanada del Ministerio de la Defensa la cual le permite a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones públicas.
En contra
La diputada Delsa Solórzano y Manuel Rojas Pérez le solicitaron al TSJ, en febrero de 2015, que anulara la citada resolución del Ministerio de la Defensa, la cual fue dictada el 23 de enero de ese año. Argumentaron que con ella se violaba el derecho a la manifestación y a la vida al permitirle a la FANB, presuntamente, el uso de armas de fuego en el control de las manifestaciones. Reclamaron que «no puede aplicarse restricciones para suprimir a la oposición».
«Lo que está prohibido por el texto constitucional es el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, no así en aquellas que sean violentas o que se tornen violentas», explicaron desde la sede del TSJ.
La sala competente añadió que la mencionada resolución tampoco pretende cercenar la libertad de expresión, ya que todos los ciudadanos conservan su derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones con las limitaciones establecidas en la ley.
Advierten los magistrados que en varios artículos de la resolución impugnada se establece que toda actuación debe ser respetuosa de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida como bien supremo, así como a la integridad personal.
También aclaró la Sala Político Administrativa que la resolución del Min-Defensa «no está dirigida a impedir la libertad de expresión, de manera que todos conservan ese derecho a expresar libremente sus ideas u opiniones por cualquier medio de comunicación y difusión, con las limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes».
Los magistrados declararon improdecendente la solicitud de suspender la mencionada resolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.
Solórzano calificó al TSJ de ser un «antro de corrupción jurídica» que opera el bufete de Nicolás Maduro.
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