La exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, había solicitado una orden de captura a la Interpol contra Nicolás Maduro por presunta corrupción en el caso Odebrecht, por presunto pagos por más de 90 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno de Venezuela, según la investigación de la justicia brasileña
Foto: Agencias
Bogotá – La crisis política venezolana escaló a un nivel tal que se conformó una instancia paralela al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), conocida como el «Tribunal Supremo de Justicia en el exilio».
Ese grupo de magistrados designados por la Asamblea Nacional (en desacato), pero que huyeron del país por persecución del Sebin (Policía de Inteligencia del Gobierno), decidieron iniciar hoy una audiencia de antejuicio de mérito en contra del presidente Nicolás Maduro.
El proceso judicial tiene lugar en estos momentos en la sede del Congreso de Colombia, ubicada en Bogotá.
Este trámite, no vinculante en territorio venezolano, aunque seguramente con gran resonancia internacional, fue intentado por la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien había solicitado ante la Interpol una orden de captura internacional en categoría de alerta roja contra el presidente Maduro por estar, presuntamente, implicado en hechos irregulares con la constructora brasileña Odebrecht.
Está por demostrase si la empresa brasileña pagó sobornos, y a cuales funcionarios de gobiernos latinoamericanos para conseguir los contratos de grandes obras públicas. La acusación señala, que Nicolas Maduro empleó recursos pagados por Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2013, fecha en que la propia acusadora formaba parte del gobierno venezolano, período en el cual guardó el mas absoluto silencio.
«La corrupción llegó a tal límite que Odebrecht aportó grandes sumas de dinero para las campañas de Chávez y Maduro a cambio de obras con gran sobreprecio, una de ellas el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo (el inconcluso Puente Nigale)», dijo Ortega, que debería haber iniciado las averiguaciones en aquel momento
El presidente venezolano no asistió a la audiencia, como era de esperarse pues el gobierno no le reconoce autoridad a este TSJ, ni a la «autoridad»que lo nombró, pero el TSJ designó un abogado defensor para que revise las actas y analice los argumentos de la defensa del Maduro, aunque todavía no se conoce cuáles son.
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