Gustavo González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acusó que con el cúmulo de pruebas obtenidas pueden confirmar la calificación del hecho como un ataque terrorista, en el que actuaron militares desertores, empresarios y gremios participantes en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002
Foto: Agencia
Caracas – Gustavo González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), acusó que detrás del ataque a la 41° Brigada Blindada del Ejército, ubicada en Valencia, estado Carabobo, se encuentran civiles, entre los cuales mencionó a «integrantes de la iglesia».
En declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV, el director del Sebin recordó que, tal como se ha ido informando desde el pasado domingo 6 de agosto, en ese hecho actuaron «seis ex militares desertores y otros dados de baja», y acusó que estos estuvieron acompañados «de un grupo de ‘terroristas’ que, en complicidad de líderes políticos locales y nacionales de la oposición, miembros de gremios, empresarios e integrantes de la iglesia, perpetraron el asalto a las instalaciones del fuerte, logrando sustraer un lote de armas como fase inicial de un plan de violencia sistemática».
Aseguró que con el cúmulo de pruebas obtenidas pueden confirmar la calificación del hecho como «un ataque terrorista», en el que actuaron militares desertores, empresarios y gremios participantes en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
«Las investigaciones continúan», dijo, y hasta ahora han sido capturadas 18 personas, entre los que están el militar desertor Juan Carlos Caguaripano.
En el ámbito nacional se han librado órdenes de captura «para todos los involucrados», 23 de los cuales continúan prófugos.
Para los nueve presuntos implicados que están fuera del país se solicitó a Interpol activar el código rojo de captura internacional. Entre todos los que son nombró a la periodista Patricia Poleo, el mayor retirado piloto de una línea comercial Ramón Rodríguez «que tiene en su poder un lote de las armas robadas» y el general retirado «que participó en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002», Marcos Ferreira.
González López denunció que «estos hechos guardan relación con la permanente acción delictiva de grupos opositores que pretenden el derrocamiento del gobierno del presidente de la República Nicolás Maduro», asegurando que prueba de ello la han dado «públicamente voceros de ‘la derecha’», sobre los que no duda «serán objeto de las acciones que se emprenderán para hacer justicia bajo la tutela de la Asamblea Nacional Constituyente y las nuevas autoridades del Ministerio Público».
Agregó que lograron recuperar parte del parque de armas robado del mencionado fuerte paramilitar, incluyendo prendas militares, equipos de comunicaciones, municiones y pancartas con el slogan de los artículos constitucionales 333 y 350.
Informó que, de conformidad con lo dispuesto en las leyes, «para el aseguramiento preventivo», se procedió a la «incautación de bienes, congelamiento de las cuentas que sirvieron de soporte a las estructuras terroristas que se han venido organizando en el país”, entras las que mencionó la «Unidad Jurídica de Asistencia SC», ubicada en Valencia, estado Carabobo; hacienda San Luis, ubicada en el municipio Libertador del estado Carabobo, «lugar donde fue grabado el video difundido el pasado 6 de agosto» y la clínica San Lázaro, también en Valencia.
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