El comunicado de Moreno salió luego de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz, exhortara a los cuerpos de seguridad del Estado y al Poder Judicial a revisar la forma en que se llevan a cabo las detenciones, especialmente durante las protestas
Foto: Agencias
Caracas – El presidente del tribunal supremo de justicias, Maikel Moreno, expresó mediante un comunicado emitido el pasado martes 25 de abril que «la protesta es un derecho relativo que se anula a sí mismo cuando desencadena en violencia», mencionado que «es necesario que el Estado y las autoridades competentes revisen la forma en cómo se han desarrollado las protestas de los últimos días, con el fin de evitar y prevenir la vulneración de derechos fundamentales y humanos, como la vida y la integridad personal».
También mencionó, que las manifestaciones de los últimos días se han visto en «una escalada de violencia contraria al carácter pacífico de la protesta, así como el uso indebido de armas de fuego y otras armas letales que, lamentablemente, han acabado con la vida de venezolanos».
Además resaltó que «la manifestación debe ser pacífica y el artículo 68 de la Constitución así lo describe cuando señala el derecho que tienen los ciudadanos a manifestar sin armas y cumpliendo estrictamente con los requisitos establecidos en la ley».
Por su parte señaló, que «al impedir el derecho al libre tránsito, se afecta, entre otras cosas, la respuesta inmediata que requieren las urgencias médicas, se vulnera el derecho constitucional al trabajo y se restringe el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes del país».
A continuación, el comunicado íntegro:
Es necesario que el Estado y las autoridades competentes revisen la forma en cómo se han desarrollado las protestas de los últimos días, con el fin de evitar y prevenir la vulneración de derechos fundamentales y humanos, como la vida y la integridad personal.
Los mecanismos de protestas están limitados por la Constitución y la ley, y es deber de todos los venezolanos cumplir con esta normativa, especialmente para aquellos que tienen responsabilidad de liderazgo político.
La manifestación debe ser pacífica y el artículo 68 de la Constitución así lo describe cuando señala el derecho que tienen los ciudadanos a manifestar sin armas y cumpliendo estrictamente con los requisitos establecidos en la ley.
En los últimos eventos, hemos visto con preocupación una escalada de violencia contrario al carácter pacífico de la protesta, así como el uso indebido de armas de fuego y otras armas letales, que lamentablemente han acabado con la vida de venezolanos, sin dejar de mencionar que al impedir el derecho al libre tránsito, se afecta entre otras cosas la respuesta inmediata que requieren las urgencias médicas, se vulnera el derecho constitucional al trabajo y se restringe el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes del país.
El derecho tiene límites y la protesta es un derecho relativo, no absoluto, que se anula por sí mismo cuando desencadena en violencia, por lo cual la manifestación es un mecanismo de libertad de expresión en el que su alcance de facultad se ve restringido cuando otros derechos constitucionalmente tutelados son amenazados o socavan su protección.
Los órganos del Sistema de Justicia no pueden ser inertes ante tales eventos, en consecuencia, el Poder Judicial condena los actos vandálicos que han sido promovidos por intereses oscuros y que desvirtúan el carácter constitucional de las manifestaciones, insta a que cese la hostilidad como mecanismo de expresión de las diferencias políticas e invita a los actores políticos a que utilicen el diálogo para dirimir diferencias.
Por otra parte, la opinión pública debe ser responsable al emitir pronunciamientos, que lejos de coadyuvar en la conciliación y el uso del mecanismo del diálogo, se traduzca en una especie de arenga a favor de la violencia y el crimen.
Por último, reiteramos el llamado a la paz, al diálogo, y a cualquier otro mecanismo de mediación y resolución de conflictos, siempre contrario a la práctica de la violencia.
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