Luisa Ortega desconoció sentencias emitidas por el TSJ

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28 de junio, 2017 - 9:03 pm
Darwins Sarcos/con informacion de Ministerio Publico

El día de hoy la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió la salida del país a la Fiscal, por la presunta comisión de «faltas graves en el ejercicio de su cargo», esto a petición del diputado Pedro Carreño

Foto:Agencia

Caracas-La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, desconoció las sentencias 469 y 470 expuestas este martes 27 de junio por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en las cuales se les da competencias a la Defensoría del Pueblo en investigaciones penales que adelante el Ministerio Público y también donde se destituye al vicefiscal General.

La Fiscal indicó que una de las sentencias le dan competencia y facultades que son propias del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo, pero los magistrados no motivaron el fallo.

«Esta sentencia está inmotivada. No ofrecen las razones por las cuales ellos toman esta decisión. Falta el sustento. Hay que aclarar por qué razones ellos tomas esa decisión» señaló Ortega, quien también explico que si se analiza dicho dictamen en el contexto de la crisis de desabastecimiento que atraviesa el país, los derechos humanos de todos los venezolanos están en peligro.

En tal sentido, señaló que el máximo tribunal quiere hacer con el Ministerio Público lo que hizo con la Asamblea Nacional, por lo que consideró que aún se continúa en presencia de la ruptura del hilo constitucional, «se sigue violando la Constitución y desmantelando el Estado».

A su juicio se está en presencia de un proceso de desmontaje progresivo de la institución a la cual representa, que incluye el rechazo de las distintas acciones y solicitudes que ha ejercido el Ministerio Público ante el TSJ.

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Mencionó como evidencia que los fiscales del caso solicitaron la privativa de libertad contra el funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que conducía la tanqueta que arrolló a un manifestante, y un tribunal negó la solicitud argumentando que al militar se le estaban cercenando las garantías.

Por otra parte, recordó que todas las descalificaciones públicas hecha a su persona, así como también los ataques a la sede, situación que es pública, notoria y comunicacional. Manifestó que en el último evento (19 de junio), ocho funcionarios del Ministerio Público fueron víctimas de agresiones y robos.

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«Todo para acabar con la institución, para acabar con el Estado. La inseguridad jurídica aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque ahora las personas no saben a dónde van a tener que acudir para defenderse, tendrán que ir a la Defensoría y al Ministerio Público, porque nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro rol, el que legal y constitucionalmente tenemos atribuidos», expresó Ortega Díaz.

Acotó que esta situación plantea inseguridad jurídica a los ciudadanos, porque las personas deben tener la certeza de cuál será el órgano investigador, pues cualquier institución no puede abrir una investigación contra alguien.

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