Fiscalía prevé detenciones por plan magnicida

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30 de mayo, 2014 - 11:45 am
Redacción Diario Qué Pasa

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó ayer que no descarta la posibilidad de que se liberen órdenes de aprehensión e imputaciones, incluso solicitudes de privativas de libertad o de prohibición de salida del país contra los involucrados en el plan de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro.

La fiscal general aseguró que las comunicaciones encontradas «están consideradas como un problema de seguridad para el Estado».

Caracas — Tras las denuncias hechas por el Alto Mando Político sobre una presunta conspiración por parte de políticos y empresarios opositores contra el Ejecutivo nacional, las reacciones de voceros, miembros de los partidos políticos y diputados a la Asamblea Nacional de la oposición, surgieron en rechazo al «plan magnicida». Sin embargo, las investigaciones para desmontar este presunto plan ya inició su curso.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que todas las personas que fueron denunciadas por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, serán investigadas para determinar su vinculación con los presuntos planes de desestabilización y golpe de Estado en el país.

Puntualizó que no descartan la posibilidad de imputar a los involucrados en estos sucesos. «Todas las personas que aparezcan dentro del caso con una vinculación con los hechos, está en posibilidad de ser imputado, privado de libertad o de que se le prohíba la salida del país».

Ortega además explicó que tras la denuncia interpuesta en contra de la diputada María Machado el pasado 18 de marzo, un juez de control del Ministerio Público autorizó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para llevar a cabo la interceptación de las comunicaciones de la parlamentaria.

La fiscal aseguró que «estas acciones de investigación fueron previamente autorizadas por un juez de control, y se solicitó una prórroga para continuar con estas interceptaciones tal como lo establece el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal», indicó la fiscal. Aseveró que a pesar de que el artículo 286 de la misma ley, establece que estas acciones son de carácter reservado de las actuaciones, las comunicaciones encontradas «están consideradas como un problema de seguridad para el Estado».

Condenó que «esto es un problema grave que tiene que ver con la estabilidad del Estado venezolano, de las instituciones y con la vida de la máxima autoridad del país, el presidente de la República. No podemos pasar inadvertidos ante un hecho que puede atentar la estabilidad y la paz del país», dijo.

Ortega Díaz agregó que tras la determinación de los responsables de estas acciones, se informará a la opinión pública sobre los avances de la investigación tal y como se ha estado haciendo hasta ahora. «El Ministerio Público dirigirá la información y la investigación, y el pueblo venezolano tiene el derecho de saber todo lo referente a una persona que fue escogida por votación popular», dijo.

Todo el peso de la ley

El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que «los organismos de inteligencia siguen trabajando e investigando para ir fortaleciendo todo este expediente y que la justicia tenga suficientes elementos para actuar contra quienes pretenden quitarle la vida al presidente Nicolás Maduro».

Expresó: «Ahora apelan a la modalidad del magnicidio como una fase superior de todo su plan de conspiración después de que por la vía de la ‹guarimba› y de la violencia que desarrollaron no lograron sus objetivos», acotó.

Asimismo, indicó que el trabajo que han realizado los organismos de inteligencia es de larga data: «Hay muchas carpetas de información y videos porque esta conspiración pretendía actuar contra el comandante Chávez en una primera oportunidad, pero no pudieron vulnerar su seguridad, ni acercársele en un proceso electoral y decidieron después de su muerte, activarse con toda la fuerza contra el presidente Nicolás Maduro». Recordó a los venezolanos que «esta violencia que hemos vivido en los últimos tres meses no fue una cosa espontánea».

El ministro continuó asegurando que «ellos saben en las condiciones que quedamos luego de la partida de nuestro comandante y consideraron que era el momento, por eso activaron toda esta cantidad de actividades que hemos visto a pesar de que el llamado al diálogo de nuestro presidente ha sido permanente y constante», expresó.

Recordó que el jefe de Estado siempre ha llamado al diálogo y manifestó que la respuesta que han recibido de los sectores que no apoyan al Gobierno nacional ha sido la violencia. «Estábamos inmersos en una espiral de violencia que ahora tratan de revivirla». Torres enfatizó: «Este plan no es de un día para otro, tiene años de trabajo y de planificación y lo más importante es que los venezolanos lo entiendan, nosotros no estamos inventando nada, esta violencia que hemos vivido en los últimos tres meses no fue una cosa espontánea como le quisieron hacer ver a Venezuela y al mundo, sino es parte de un plan desde hace muchos años para acabar con la revolución».

De igual forma, Rodríguez Torres instó a los dirigentes opositores a rechazar estas acciones: «Quienes no condenen esto y se hagan la vista gorda ante estas denuncias tan graves, se están haciendo cómplices por omisión y el llamado es que la oposición seria y que cree en la democracia debe pronunciarse y deslindarse de estos hechos violentos». «Si de verdad la oposición ha asumido el camino de la democracia, demuéstrenlo con hechos y condenen la violencia, el intento de magnicidio y la manipulación de menores de edad para llevarlos a las protestas sin importarles la vida de esos muchachos. Al final la sociedad no se construye violentamente sino con trabajo, aunque existan diferencias se pueden resolver conversando y utilizando los mecanismos que están establecidos dentro de la Constitución», agregó.

Con respecto a las pruebas que vinculan al embajador de Estados Unidos (EE UU)en Colombia, Kevin Whitaker, en el plan contra Venezuela, el titular de la cartera de Interior y Justicia sostuvo que «ahora queda de parte del Gobierno de EE UU aclarar si ese señor estaba actuando a motu propio o estaba actuando en una conspiración orquestada por ellos mismos».

Rechazo absoluto

Con la firma de una proclama pública, los gobernadores y alcaldes que conforman el Consejo Bolivariano ratificaron el rechazo contundente a los planes de magnicidio y expresaron su apoyo rotundo al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La proclama fue leída por la gobernadora del estado Cojedes, Érika Farías, en un acto público realizado en la Plaza Bolívar de Caracas, en el que también participó la jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría. En esta proclama denominada «antiimperialista», los gobernadores y alcaldes denunciaron que la derecha nacional e internacional utiliza la violencia como «palanca para sus intereses particulares», además señalan que se trata de un golpe de Estado continuado que recibe «fuerte apoyo propagandístico, de guerra psicológica y manipulación mediática».

El consejo de gobernadores y alcaldes bolivarianos ratificaron su disposición a que desde cada una de las entidades que gobiernan, trabajarán de la mano con el Gobierno nacional, la Fuerza Armada y el pueblo venezolano para impedir que se utilice la violencia y el terror.

No caeré en la trampa de la oposición

El gobernador bolivariano del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, informó que no caerá en la trampa de la oposición, por lo que solicitó la presencia durante alguna manifestación de estudiantes de dos defensores del pueblo del estado Táchira.

Enfatizó de manera contundente: «No voy a caer en la trampa de la oposición.

Estoy seguro que no hay razón para manifestar violentamente porque en el Táchira no hay estudiantes ni presos políticos, lo que hay es violentos y terroristas que se infiltran en manifestaciones estudiantiles para asediar a los tachirenses», puntualizó.

Recordó que a los amantes de la violencia se les olvida que en las manifestaciones se han detenido un norteamericano con armas cortas y largas que hirió a un tachirense, mercenarios de origen egipcio, nicaragüense y hasta delincuentes con solicitud de captura por parte de la Interpol.
Frente a esto, ratificó: «Soy amante de la paz, miembro de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, opuesto a cualquier acto de violencia si hay manifestaciones que sean pacíficas, aunque en el Táchira parece una virtud quemar vehículos», destacó.

El gobernador finalizó aclarando que ningún funcionario tiene de su parte la orden verbal o escrita de accionar en contra de algún tachirense,  al contrario, tiene la instrucción de actuar respetando los derechos humanos.

«La oposición no tiene rostro»

Tania Díaz, diputada a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que la oposición «no tiene rostro, permanece encapuchada», y argumentó que al no tener liderazgo, nadie asume la responsabilidad por los hechos denunciados. «Un día dicen una cosa, otro día dicen otra, dicen que se van a sentar en la mesa de diálogo, pero aun cuando el llamado a integrar la Comisión de la Verdad fue hecho el 26 de febrero, la oposición no ha designado a sus parlamentarios», explicó. En ese sentido, condenó lo que calificó como un «chantaje» por parte de sectores radicales de la oposición, que «acosaron» a los voceros que integraron la mesa de diálogo con el Gobierno y que significó el retiro de la bancada opositora del proceso. Díaz, quien además es miembro de la Comisión de la Verdad, indicó que la delegación que se encuentra en pleno funcionamiento aun cuando la oposición «no ha querido incorporarse», procederá a la investigación de los hechos sucedidos desde el 1 de enero, porque «hay antecedentes violentos que preceden a los hechos que se iniciaron a partir del 12 de febrero». Ratificó que «aquí no va a haber un cambio de Gobierno por otra vía que no sea la electoral. Ningún ciudadano va a aceptar a un Gobierno que no esté puesto allí por el voto».

Oposición rechaza pruebas del oficialismo, MUD solo aceptará reunirse para continuar el diálogo

Caracas — El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, dijo que tienen la obligación de tomar muy en serio al Gobierno «porque es el Gobierno», pero aclaró que les costó hacerlo al ver el contenido de las denuncias del Alto Mando Político del oficialismo sobre un supuesto plan de magnicidio y golpe de Estado.

Dijo que no recibirán las denuncias del oficialismo como propuso Jorge Rodríguez, y que solo aceptarían reunirse con el Gobierno para tener conversaciones pertinentes a los problemas del país. Aveledo insistió en que el diálogo está congelado porque no hay hechos. «Con correos electrónicos no se va a cambiar una realidad que es tangible, la política de la Mesa es cambiar al Gobierno por la vía constitucional. Que se escoja al teatro nacional es apropiado, porque es un teatro lo que hicieron. No sé cuántas denuncias de magnicidio van, incluso modulares, a las que les van incorporando gente», expresó.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional y presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Enrique Márquez, indicó que la denuncia del Partido Socialista Unido de Venezuela intenta desviar la atención de los problemas que atraviesa el país. En cuanto al proceso de diálogo, manifestó que es importante que se mantenga aún en las peores condiciones. Informó que UNT ha iniciado un recorrido por el territorio nacional para impulsar la campaña «No me la calo» en contra del racionamiento.

Posturas confrontadas


El diputado Robert Serra señaló que el único que no duda de los mensajes es Diego Arria porque, a su juicio, «su defensa fue más torpe que el propio hecho».  Afirmó que Arria «no desmintió la prueba con su confesión y señaló que no se le acusa de escribir correos, sino de recibirlos; con lo que se comprueban los nexos». Sin embargo, destacó que no cree que toda la oposición no esté de acuerdo con un golpe de Estado. Aseguró que las «guarimbas se convirtieron en un barranco con puerta a Ramo Verde».

La presidenta del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), Magdely Valbuena y los legisladores revolucionarios José Luis Acosta, Dorelis Echeto, Omer Muñoz, José Díaz, Lisandro Márquez y Betty Zuleta también se pronunciaron con el fin de apoyar las investigaciones que se realizarán en los próximos días para desmontar los planes de magnicidio. «Desde el Clez defendemos el diálogo, la paz, y defendemos la autodeterminación de los pueblos, nuestra soberanía y principalmente nuestra independencia».

El diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, desestimó las acusaciones. A su juicio, en el fondo se busca criminalizar a quien piense distinto. Precisó que durante la gestión del presidente Maduro se han inventado más de tres magnicidios en su contra. «Esto no es otra cosa que una olla del Gobierno para asumir un poco que la crisis política y económica que está viviendo es tan grave que tiene que buscar cortinas de humo para desviar la atención». Exhortó al Gobierno a resolver los problemas del país.

El gobernador de Lara, Henri Falcón, dijo que «quien esté pensando en magnicidio y aventuras de golpe de Estado, se pone al margen de lo que aspira la mayoría de los venezolanos». Reiteró que no acompaña jamás esos pensamientos obtusos de aventuras golpistas, ya que si existieran, simplemente lo que hacen es agudizar la situación social y política de Venezuela.  Reflexionó en  que nadie esté pensando en atajos, en aventuras, en golpes de Estado y magnicidio, ya que dejarían una estela de muertes en el país.


Para el diputado por la MUD, Julio Montoya, se debe investigar lo que plantea el Gobierno, pero «personalmente pienso que es un montaje». Dice que el país tiene una agenda totalmente distinta, pero que «el Gobierno la evita discutir». Asegura desconocer si existe una conspiración para derrocar al presidente Maduro porque «no está en esa agenda». Para él, «hay un golpe a la gente y es lo que nos debe interesar discutir.  Viven en un agenda política porque son un fracaso en el tema económico».

El abogado constitucionalista, Gustavo Tarre Briceño, rechazó las denuncias hechas en su contra por el alcalde Jorge Rodríguez. Aseguró que los señalamientos hechos por el alto mando político del régimen forman parte de un «pote de humo» que solo busca desviar la atención de los venezolanos sobre los graves problemas que enfrenta el país. «Todo esto es un inmenso pote de humo para tapar los verdaderos problemas que tienen los venezolanos», expresó.

«El Gobierno debe investigar hasta el final», los zulianos expresan su opinión sobre el magnicidio

¿Qué opina acerca de las pruebas presentadas sobre el magnicidio en contra del presidente Maduro?


Yaneth Fernández, parroquia Francisco E. Bustamante:
«Si las pruebas las están haciendo públicas, todo es cierto, eso viene desde que estaba el comandante Chávez».


Ramón Castellanos, parroquia Coquivacoa:
«No debemos dejar que personas dañen al presidente que tenemos, son puras verdades, pero esa gente no podrá nunca».

Pedro Fandiño, Los Robles:
«Ya eso lo vienen diciendo desde hace tiempo, el Gobierno tiene que estar pilas, esa no es la vía de tumbar a un Gobierno».

María Piñeiro, parroquia Francisco E. Bustamante:
«Esas pruebas hay que comprobarlas realmente, eso es mentira que lo quieren matar».

Eduardo Prieto, San Isidro:
«Desde hace tiempo están con eso, son inventos del presidente, desde que lo están matando y no pasa nada».


Héctor Arrieta, parroquia Santa Lucía:
«Eso es complicado, más para la oposición que para el Gobierno, eso no se hace».


José Rincón, parroquia Bolívar:
«No debe ser así, otra persona no puede atentar contra la vida de otra. No estoy de acuerdo con lo que está pasando con el presidente».

Jesús Morán, parroquia Santa Lucía:
«Esas pruebas son causales para que averigüen y certifiquen lo que están diciendo, hay que estar alerta».


Ezequiel Jerez, parroquia Francisco Ochoa:
«Todas esas pruebas son verdaderas, el Gobierno debe investigar hasta el final, tiene que actuar porque sí hay pruebas suficientes».

Ángel Chirinos, parroquia Cacique Mara:
«Todas esas pruebas son verdaderas, pero nosotros los venezolanos no somos asesinos, esa gente no podrá con el país».

Elio Parra, parroquia Olegario Villalobos:
«Eso es muy malo, así no se tumba un Gobierno, el Gobierno se tumba a punta de votos».


Leonarda Pereira, El Caujaro:
«No me parece esa manera de actuar, no quiero que hayan más muertos, a Dios le dejamos todo».

Edicson Rosales, parroquia Cacique Mara:
«La gente habla y no hace nada, el presidente estará con nosotros por bastante rato».


Alejandrina Viloria, parroquia Manuel Dagnino:
«Sinceramente sí creo que esas pruebas son verdaderas, pero hay que averiguar bien y llegar al fondo de todo».


Andrés Azuaje, parroquia Juana de Ávila:
«Esas pruebas no son suficientes para que los justifiquen como culpables».

Frank Mitchell, parroquia Santa Lucía:

«Eso es una locura, si matan al presidente todo se pone peor en el país».

Fotos: Archivo

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