Foto: Agencias
Cabe recordar que la Contraloría General «desde el año 2007, alertó sobre la situación irregular en Cadivi, las demoras que habían con respecto al tema de las divisas».
Caracas — La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz indicó sobre las empresas de maletín y de un informe que realizó la Contraloría General de la República que no tiene conocimiento de que ese documento haya llegado al Ministerio Público durante la gestión anterior.
«No tengo conocimiento de ese informe sobre empresas de maletín que haya llegado al Ministerio Público durante la gestión anterior», expresó al tiempo que aclaró que para esa fecha «no era Fiscal General».
La contralora general de la República, Adelina González señaló que «desde el año 2007, la Contraloría General de la República alertó sobre la situación irregular en Cadivi, las demoras que habían con respecto al tema de las divisas. Los informes están en la página web, no estoy diciendo nada a lo que no tenga acceso la ciudadanía».
Cabe recordar que González admitió en los últimos días de enero que desde 2007 el ente que representa registró irregularidades en la adjudicación de divisas en el marco del sistema de control de cambios, como el Estado el único administrador y gestor de la comercialización de la moneda extranjera en el país.
Igualmente que en 2007 la actual contralora no era quien ejercía el cargo, tampoco era Ortega Díaz la fiscal general, la cual hace ahora señalamientos a la gestión anterior de Isaías Rodriguez Díaz (2000-2007), pero la Carta Magna establece continuidad de las instituciones y en consecuencia, las investigaciones de este caso deberán continuar.
Ley de Precios Justos
Ortega Díaz informó que «todo el que incurra en delitos tipificados en la Ley de Precios Justos será sancionado». «Si la conducta de la persona está tipificada como delito, será sancionado», manifestó.
Asimismo, aseguró que en esta ley se «consagra 15 tipos de delitos penales, tres son novedosos que no estaban antes en la ley anterior», que serían: desestabilización económica, reventa de productos de primera necesidad que tienen precios regulados y corrupción entre particulares.
Estas declaraciones las realizó en compañía de Hebert García Plaza, ministro para Transporte Acuático y Aéreo, y Andreína Tarazón, superintendente nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
Por su parte, el M/G Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, recordó que la ofensiva económica inició a finales del año 2013 por mandato del presidente Nicolás Maduro, para acabar con la guerra económica.
«Nosotros tuvimos experiencias en el pasado reciente que nos dan la posibilidad de demostrar que la usura está en el sector privado, pero cuenta con la complicidad de algunos funcionarios de las instituciones públicas», señaló.
Caso Spear-Berry
La Fiscal General de la República, señaló que hay 8 personas privadas de libertad e imputadas por el asesinato de la exmiss Venezuela y actriz, Mónica Spear y de su pareja Thomas Henry Berry. Asimismo, dijo que hasta la fecha «no se ha presentado el acto conclusivo, porque estamos en el lapso previsto en la ley (…) 30 días más 15 adicionales que solicitó el fiscal y que fueron otorgados». Ratificó que los dos adolescentes involucrados en el asesinato de la actriz fueron acusados por el Ministerio Público, de acuerdo como lo establece la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) y se les fijó una audiencia preliminar para el próximo 6 de febrero.
Ante Distribuidora Galván
El Ministerio Público acusó al propietario de la Distribuidora Galván, Carlos José Galván, y a su cónyuge Anguelova Pagunova Radka, quienes fueron aprehendidos el 19 de diciembre de 2013, a raíz de un allanamiento en esa empresa ubicada en el municipio San Joaquín, estado Carabobo, en el que las autoridades encontraron más de 10 toneladas de alimentos descompuestos y vencidos que tenían etiquetas con precios remarcados.
Los fiscales 41º nacional y 6º de dicha jurisdicción, Franklin Nieves y Nidia González Rojas, respectivamente, acusaron a Galván y a su cónyuge por la presunta comisión de los delitos de especulación, usura, comercio de bienes nocivos para la salud y venta de sustancias nocivas.
Comente