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Uno de nuestros derechos más importantes, como seres humanos es que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.Así lo consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que en su artículo n°11 reza: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”
Suenan muy alentadoras, y reconfortantes esas palabras. Pues la sola idea de pensar, que en determinado momento de la vida, por situaciones ajenas a nuestra voluntad, podamos resultar envueltos o involucrados en un hecho, donde sea necesaria la mediación y la administración de justicia,tengamos plena confianza en nuestros sistemas judiciales y saber que nuestra presunción de inocencia es imperante ante todo, pues así lo garantiza la Constitución De La República Bolivariana de Venezuela en su Capítulo III, hablando De los Derechos Civiles en su Artículo 49, donde dice: ‘El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario’.
Lamentablemente, en nuestro país la cosa no es tan linda como se observa. El retardo procesal es una constante cuando de aplicación de justicia se habla, razón por la cual hay cientos, quizás miles de hombres y mujeresmetidos en las cárceles venezolanas en -proceso de investigación- que se encuentran esperando que se les envíe a juicio.
Así comienza el padecimiento de Ramiro, un joven que apenas tiene25 años de edad. Es el zurrapo de la casa, siempre fue un estudiante destacado, criado bajo buenos principios, enviado a la universidad católica, nunca le falto nada en casa, siempre al pendiente de los adelantos tecnológicos, fanático de su Xbox 360 y sus juegos Fifa, en fin, lo que hoy se denomina un‘geek’, en español llamados friki, en cristiano común, un nerd moderno. Su única equivocación: graduarse de ingeniero en informática.
Todo en su vida transcurría normal, un mes antes había recibido su título de ingeniero y las ofertas de trabajo, estaban a manos llenas hasta aquel fatídico día del mes de mayo en el 2012, que llega a su casa un operativo del CICPC, -al más puro estilo de captura de capo mexicano- le colocan las esposas ‘que en realidad era un tirraje’ se lo llevan de su casa ubicada en puerto Ordaz hasta la ciudad de Caracas a la sede policial del Rosal, y no es sino hasta 3 días después de detenido, que logra darse cuenta de los cargos delos cuales se le acusan.
Ahí es que comienza tan tortuoso calvario, se entera que una importante empresa bancaria había sido víctima de una estafa electrónica, es decir, le estaban robando a los clientes sus bienes a través de las tarjetas de crédito y de alguna forma fraudulenta lo habían involucrado.
Sin haber suficientes elementos de valor que lo vinculen al caso, salvo una conexión a internet que ni siquiera está a su nombre y que nunca ha utilizado, la fiscalía aduce que debido a los conocimientos que posee -por haberse graduado en el área de informática-, son suficientes pruebas para someterlo a investigación y acusarlo por los delitos de: adquisición indebida de bienes y servicios, y de asociación para delinquir, previstos en el art14 de La Ley Contra Los Delitos Informáticosyen la Ley Orgánica De La Delincuencia Organizada respectivamente.
Rápidamente, su familia comenzó a moverse para sacarlo del paquete, y fue entonces cuando vivieron, en carne propia, los vicios del sistema judicial venezolano.
Para comenzar, le pidieron dinero para la realización de las experticias, la familia tuvo que pagar treinta mil bolívares para que le hicieran las pesquisas correspondientes a la computadora personal del joven para que se pudiera comprobar que no tenía vinculaciones con el hecho – a sabiendas que es un procedimiento necesario y gratuito-. Eso sin mencionar los pagos “menores” que realizaron durante su estadía en el Rosal.
El mayor acto de corrupción al que fueron sometidos fue, la solicitud de cien mil bolívares para que le colocaran el expediente al juez de la causa sobre su escritorio y según el intermediario, Ramiro estaría fuera de la celda en menos de 24 horas.
La falta de recursos no permitió la cancelación de los mismos, pero sin duda alguna, la familia hubiera pagado dicha cantidad con tal de ver al joven fuera de la celda de reclusión donde estaba confinado, a permanecer al lado de asesinos, violadores de niños y ladrones de todo tipo, que al igual que él se encontraban en “investigación”.
La tapa del frasco, como diría cualquier cristiano, fue la solicitud del fiscal del Ministerio Público, para que él asumiera los hechos, y de esa forma ir rápido a juicio, que según los cálculos del fiscal, la pena no sería superior a 5 años de prisión, -al asumir los hechos se reduce la condena a la mitad- y por ser una condena inferior a los cuatro años, podría gozar de libertad condicional.
En vista de la “solución” el joven decidió no aceptar la propuesta, pues no considera justo asumir un delito que no ha cometido, tener un historial delictivo declarándose culpable solo porque al fiscal le parece que es la solución más expedita, sin importarle en lo más mínimo, que su futuro profesional se verá indudablemente afectado por el resto de su vida, pues nadie le da trabajo a un ex convicto y menos, cuando el ex convicto es un experto ingeniero en informática.
El Debido Proceso
En el sistema judicial venezolano, el proceso para la administración de justicia comienza, cuando habiendo un hecho punible el ciudadano agraviado denuncia ante el Ministerio Público el mismo, o cuando se detiene en flagrancia a un presunto delincuente, o bien, cuando el Ministerio Público ordena de oficio o por denuncia de un hecho punible, abriendo las averiguaciones correspondientes.
Los cuerpos policiales como entes de averiguación, presentan ante elMinisterio Público las pruebas en contra del indiciado, después de esa presentación,el fiscal tiene 48 horas para presentar al Tribunal de Control esas evidencias y llegar al acto conclusivo, todo eso debe transcurrir en un lapso de 30 días,con 15 días de prórroga en caso de necesitarlo, luego el Juez de Control fija Audiencia Preliminar, para ver si se le otorga una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad o continúa detenido y pasa a la fase de Juicio.
En juicio se evalúan las pruebas y el juez basándose en eso, decide si es culpable o inocente.Ya en esta fase, se fija la sentencia al acusado y pasa al juez de ejecución una vez ejecutada la sentencia condenatoria. El Tribunal de Ejecución, dicta el Auto de Cómputo de la pena en el cual se establece las fechas en que el penado podrá optar a cada una de las figuras alternativas al cumplimiento de la pena, tomando en consideración que, de la sanción impuesta, se deduce el tiempo que el penado ha permanecido privado de libertad y, sobre el tiempo que resta por cumplir se le calcula los lapsos para optar a cada una de estas figuras, incluyendo la gracia del confinamiento.
La realidad del infierno
En las cárceles y penales de Venezuela existe una realidad muy distinta a lo que plantean las leyes.Hay miles de hombres y mujeres, que se encuentran viviendo las angustias del retardo procesal, es decir, están igual que Ramiro, que tienen más de un año recluidos en las cárceles y ni siquiera el caso ha salido de manos del juez de control para llegar a juicio y determinar si el acusado es culpable o inocente.
Si es culpable, darle sentencia y comience a pagar ante las leyes y la sociedad su error y si es inocente, ponerlo en libertad plena inmediatamente. Pero no, se encuentran en un letargo judicial, que los mantienen atrapados y sin ningún tipo de salida legal, y aunque resulte asombroso e increíble, esta situación le puede tocar a cualquier familia.
La estabilidad de una familia como la suya, en cuestiones de minutos puede cambiar por completo y cuando menos lo piense, se encuentra viviendo el suplicio de pagar una determinada cantidad de dinero para que lleven al procesado a los tribunales, y ver como difieren las audiencias por falta de los representantes de la “administración de justicia”
Si los encargados de administrar justicia, los fiscales o miembros activos de la sociedad, se colocaran por un segundo en los zapatos de Ramiro y sus familiares, sabrían y entendieran lo que se siente al sobrevivir en una cárcel venezolana siendo culpable o inocente.
Ha pasado más de un año, exactamente, dieciséis meses, desde que el CICPC fue a buscarlo en su casa. Hoy Ramiro, se encuentra en la Penitenciaria General de Venezuela, en el estado Guárico, esperando, “aún en proceso de investigación”, en el peor de los limbos judiciales, sin audiencia, sin juicio, sin sentencia. A punto de aceptar la macabra solución de declararse culpable para poder salir de aquel infierno llamado cárcel venezolana.
Fotos: Cortesía
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