El negocio es grande

Delcy Rodriguez denunció la maniobra para la confiscación Citgo por la minera canadiense Crystallex

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1 de agosto, 2019 - 1:39 pm
RT

La vicepresidenta de Venezuela catalogó como “estafa mundial” la actuación de un grupo de opositores para “apropiarse” de los recursos y activos de la nación.

Como la consecuencia directa de una “operación del crimen organizado transnacional” calificó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, la decisión de una corte de apelaciones estadounidense de entregarle a la minera canadiense Crystallex los activos de la empresa Citgo, propiedad de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) en EE.UU., como cobro por 1.400 millones de dólares que le adeudaría el país suramericano.

“Denunciamos ante el mundo que se trata de una operación de crimen organizado transnacional para robarse los recursos de Venezuela. Una gran estafa mundial“, aseveró este miércoles durante una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Responsabilizó a José Ignacio Hernández, Carlos Vecchio y Ricardo Hausmann, quienes fueron nombrados por el diputado opositor Juan Guaidó como sus representantes para tales efectos, de planificar este fraude.

Rodríguez basó sus afirmaciones en una serie de capturas de conversaciones obtenidas del teléfono de un colaborador de Guaidó, Roberto Marrero, detenido y acusado por la Justicia venezolana de legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración.

 

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“Apropiarse de recursos”

La vicepresidenta manifestó que Guaidó y su personal actúan en “connivencia” con EE.UU. para “apropiarse ilegítimamente de los recursos y activos” de Venezuela en el exterior, concentrados en subsidiarias de PDVSA: Citgo (EEUU), Monómeros (Colombia), PDV Caribe y PDV América.

Venezuela ha denunciado que el Departamento del Tesoro estadounidense autorizó que el dinero confiscado a ese país se utilice para pagar los bonos emitidos por PDVSA, Citgo y otras empresas petroleras.

Con el bloqueo que cierra para Venezuela los mercados financieros internacionales, el país latinoamericano se ve impedido de recurrir a mercados de valores mundiales para renovar sus títulos de deuda pública o solicitar otros nuevos.

En este contexto, Guaidó nombró una nueva junta directiva de Citgo, reconocida por Washington. Además, su equipo ha dejado ver que solicitará a EE.UU. permiso para usar una cuenta de garantía bloqueada, con el fin de pagar un bono emitido por PDVSA.

 

En Contexto: Crystallex

En agosto de 2018, el juez Leonard P. Stark, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Wilmington (Delaware), autorizó la incautación de Citgo por parte de Crystallex, empresa canadiense cuyos activos en Venezuela fueron nacionalizados en 2008, durante el gobierno de Hugo Chávez.

Hace un par de días fue rechazado un recurso de apelación interpuesto por la estatal petrolera venezolana. Sin embargo, el juez aplazó temporalmente la aplicación de la orden, para que puedan realizarse otras apelaciones.

Según esto, PDVSA, para objetar esa decisión, deberá presentar una nueva moción y pagar una fianza a fin de evitar la orden de confiscación.

Entre el país suramericano y la empresa canadiense existe un viejo litigio. Crystallex “nunca tuvo derechos mineros, títulos legítimos ni de propiedad” sobre la mina áurica ‘Las Cristinas’, en el estado Bolívar, en el sur del país, recordó la vicepresidenta.

En 2008, el entonces Ministerio del Ambiente rechazó el plan ambiental propuesto por la transnacional aurífera y se inició el litigio, en el cual el país suramericano expuso sus argumentos para rescindir el contrato de servicio y operaciones.

Un abogado en entredicho

“¿Por qué este caso viene nuevamente a la luz pública?”, se preguntó la vicepresidenta venezolana. Y llamó a recordar que el abogado de la empresa Crystallex en el año 2017 era José Ignacio Hernández, quien ha sido nombrado como procurador de la nación por Guaidó.

Por su parte, el Ministerio Público venezolano anunció el inicio de una investigación penal en contra de Hernández, por su “participación fraudulenta” como representante del Estado venezolano ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE.UU. en Filadelfia. Se refiere esto al nuevo proceso legal en el que fue rechazada la apelación de PDVSA.

La Fiscalía considera que su actuación carece de legalidad y que, por haber sido antes representante legal de la minera canadiense, se genera un conflicto de intereses que “viola toda ética jurídica“.

 

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