El pasado 20 de agosto el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia donde suspendió siete sesiones de la Asamblea Nacional. Ordenó citar a Allup ante la fiscal general
Foto: Agencias
Caracas — El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, denunció ayer ante la Fiscalía al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por la sentencia que emitió esa institución el pasado 20 de agosto en la que suspende siete sesiones del Parlamento.
«Nos dirigimos hoy (ayer) aquí, al Ministerio Público, con la finalidad de presentar un escrito con varios anexos donde denunciamos (…) nuevos intentos de la Sala Constitucional del TSJ de iniciar procedimientos írritos que violan y violentan la Constitución así como las facultades de la AN», dijo Ramos Allup a periodistas de la sede de la Fiscalía.
Ramos Allup argumentó que de los siete magistrados de la Sala Constitucional, solo Arcadio Delgado Rosales cumple con los requisitos para ocupar el cargo, por lo que considera que todas las decisiones que ellos toman están viciadas de nulidad.
Reiteró que no acatarán las decisiones del TSJ «de jueces que no son jueces, no cumplen los requisitos, son usurpadores y por añadidura violan expresamente la Constitución y son nulas de nulidad absoluta».
Decisión del TSJ
El Tribunal Supremo de Justicia ordenó la suspensión de los actos realizados en la Asamblea Nacional los días 26 y 28 de abril y 3, 5, 10, 12, 17 de mayo del presente año, junto a los actos producidos en ellas.
La Sala Constitucional admitió dos demandas de nulidad interpuestas el 9 y 19 de mayo por legisladores del chavismo, que acusan a la directiva de la AN de haber incumplido con los lapsos legales para la convocatoria a las sesiones, de 48 horas de anticipación.
Los diputados también denunciaron desacato por parte de la AN, por «cambiar sobrevenidamente la agenda ya pautada».
Asimismo, la decisión publicada por el máximo tribunal se corresponde a una acción de amparo por presunta violación de lo dispuesto en la sentencia N° 269 del 21 de abril de 2016.
La cual establece la necesaria colaboración y coordinación entre los poderes, Legislativos y Ejecutivo en los procesos de elaboración de leyes.
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