Un caso de inmigración irregular y derecho al aborto sacude Estados Unidos ante la negativa del Gobierno de Donald Trump de facilitar la interrupción del embarazo a una menor indocumentada que tiene en custodia
Foto: Agencias
Un tribunal de apelaciones de Washington permitió abortar a una chica indocumentada de 17 años, embarazada de 15 semanas y recluida en un centro de detención para inmigrantes en Texas.
El aborto no será inmediato, como quería la adolescente. La corte dio hasta el 31 de octubre al Gobierno federal para encontrar un tutor que se haga cargo de la menor y la ayude a llevar a cabo el procedimiento de aborto. Si no lo encuentra, la defensa de la menor podrá volver a pedir al Gobierno que le facilite la interrupción del embarazo.
La decisión del tribunal, por dos votos a favor y uno en contra, supone una victoria para la adolescente. En la víspera, la justicia había ordenado detener el aborto al aceptar el recurso del Gobierno contra el dictamen, el miércoles, de otra magistrada que había decretado que el Ejecutivo debía respetar la decisión de la menor y hacer los arreglos oportunos para que pudiera abortar este sábado.
No se ha revelado el nombre ni la nacionalidad de la adolescente para proteger su identidad. Solo se sabe que es centroamericana, pero la abogada del Gobierno, Catherine Dorsey, desveló que procede de un país en que es ilegal abortar. En el proceso judicial, la chica ha sido identificada como «Jane Doe».
La adolescente, que entró ilegalmente a Estados Unidos, obtuvo el 25 de septiembre el permiso de un juez de Texas para abortar, pero los responsables del centro de detención para menores indocumentados en el que se encuentra se negaron a llevarla a un hospital para llevar a cabo el procedimiento, según informan medios internacionales.
La gestión del tiempo es crucial en el caso dado que Texas no permite el aborto tras 20 semanas de embarazo y obliga a los pacientes a hablar con un especialista 24 horas antes del procedimiento.
El Gobierno del republicano Trump, muy crítico con el aborto, alega que no está obligado a facilitar la interrupción del embarazo porque, entre otros motivos, tiene un interés en «promover el nacimiento de niños y la vida fetal». Una sentencia del Tribunal Supremo de 1973 permite el aborto en EE UU al determinar que el Estado no puede interferir en la decisión de una mujer.
En la sesión judicial de este viernes, los abogados del Gobierno esgrimieron que no están vulnerando el derecho al aborto sino que alegan que la chica podría abandonar voluntariamente EE UU e intentar abortar en otro país o buscar un tutor para poder hacerlo en EE UU. «El Gobierno no está imponiendo ningún tipo de obstrucción al aborto, no está imponiendo ninguna carga excesiva. Lo que está haciendo es no facilitarlo», alegó la fiscal Dorsey.
Ese argumento no convenció al juez Brett Kavanaugh, que le preguntó por qué si se permite abortar a las mujeres adultas que están en prisiones o centros de detención de inmigrantes. Dorsey replicó que esas personas no tienen la opción de volver a sus países o buscar un tutor.
Sin embargo, la abogada de la menor, Brigitte Amiri, aseguró que varios tutores se han ofrecido para cuidar de «Jane Doe», pero el Gobierno los ha rechazado, y advirtió de que el proceso de designación de un tutor es lento.
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