Un nuevo proyecto de ley integral para atajar la crisis de Venezuela fue presentado hoy en el Congreso de EE.UU. por un grupo bipartidista de senadores, con el que pretenden aumentar la presión “política, económica y diplomática” contra el Gobierno de Nicolás Maduro, y proveer ayuda al pueblo venezolano.

 

El proyecto de ley, que fue adelantado a Efe, propone varias secciones de respuesta a la crisis venezolana, desde un aumento de las sanciones a determinados agentes del Gobierno venezolano y su deuda soberana, hasta dos provisiones de asistencia valoradas en un total de 40 millones de dólares y un aumento de los esfuerzos diplomáticos.

La propuesta, titulada Ley de Ayuda Humanitaria, Reconstrucción y Estado de Derecho en Venezuela de 2018, se trata del proyecto legislativo más amplio de los abordados por el Congreso estadounidense para atajar la situación en el país.

Según explica a Efe Frank Mora, director del Instituto de Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de Miami y conocedor del texto legislativo, su importancia radica en que la iniciativa va más allá de las sanciones.

Resultado de imagen para bob menendez

La propuesta legislativa está liderada por el senador demócrata Bob Menendez, a quien se han sumado los también demócratas Bill Nelson, Dick Durbin y Ben Cardin, además de los republicanos Marco Rubio, John Cornyn y David Purdue, y su implementación depende de la aprobación de las dos cámaras del Congreso.

“El Congreso llena un vacío estratégico, viendo el problema desde un punto de vista más amplio”, apuntó el experto, quien insistió en que las sanciones que hasta ahora ha impuesto el presidente de EE.UU., Donald Trump, contra ciertos individuos “son necesarias pero no suficientes”.

“La legislación bipartidista de hoy es la respuesta más integral, más significativa hasta la fecha, y proporciona la ayuda humanitaria y política y la presión económica necesarias para colocar el país de vuelta en el camino a la democracia”, apuntó Robert (Bob) Menéndez, ante el anuncio.

Por su parte, Rubio consideró que “es vital” para EE.UU. y sus socios “proporcionar ayuda humanitaria directa al pueblo venezolano”, y subrayó el carácter bipartidista de una ley, cuyo objetivo es “garantizar” que tanto el Gobierno estadounidense como sus aliados “estén preparados para ayudar a restablecer el Estado de derecho en Venezuela”.

En cuanto a la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano, la legislación autorizaría 20 millones de dólares de asistencia para la crisis interna del país, y otros 20 millones adicionales para los Estados vecinos, que se enfrentan “a los desafíos” del crecimiento de la migración venezolana.

También otorga 14,5 millones dólares para “apoyar a la sociedad civil democrática” y medio millón para la observación internacional de futuras elecciones democráticas.

Asimismo, requiere que el Departamento de Estado realice una conferencia de donantes para coordinar la financiación internacional ante la crisis Venezuela, y garantiza el apoyo a los esfuerzos en las Naciones Unidas al respecto.

En cuanto al aumento de sanciones, apunta específicamente a aquellos funcionarios venezolanos que hayan incurrido en “corrupción pública” y en actos destinados a “socavar la democracia”, de igual que forma que propone más castigos financieros a la deuda soberana del país.

Por otra parte, el proyecto exige el reconocimiento de EE.UU. a la Asamblea Nacional, inhabilitada por Maduro, como “el único cuerpo legislativo legítimo en Venezuela”, y urge a buscar una “solución negociada a pesar de la falta de voluntad” del Ejecutivo venezolano para “comprometerse con un proceso de negociación creíble”.

Además de apoyar los esfuerzos del Grupo Lima, integrado por 17 países de la región, y de respaldar los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solucionar la situación venezolana, también hace un llamamiento a un esfuerzo internacional más global.

La consideración de este proyecto será dilatada previsiblemente ante las circunstancias políticas actuales en el Legislativo estadounidense: la proximidad de los comicios de noviembre y la controvertida confirmación del nominado para el Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh.